La citación a prestar declaración indagatoria fue ordenada por el juez Federal de Ushuaia Federico Calvete, a partir del pedido presentado en mayo de este año por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport. El llamado, que aún no tiene fecha, alcanza a 18 de los 95 militares denunciados en la causa, iniciada en 2007.
RIO GRANDE.- A once años de iniciada la causa, 18 militares de los 95 denunciados en la justicia, deberán declarar ante el juez. Están acusados de haber estaqueado, golpeado y enterrado a soldados bajo su mando en el enfrentamiento armado entre Argentina y Gran Bretaña en 1982. Los hechos fueron denunciados por 120 ex combatientes de diferentes puntos del país.
La citación a prestar declaración indagatoria fue ordenada por el juez Federal de Ushuaia Federico Calvete, a partir del pedido presentado en mayo de este año por el fiscal federal de Río Grande, Marcelo Rapoport. El llamado, que aún no tiene fecha, alcanza a 18 de los 95 militares denunciados en la causa, iniciada en 2007. El dato fue publicado por la revista Noticias en su última edición.
Esta sería la primera vez que un juez llama a indagatoria a los militares denunciados en la investigación, que durante once años se mantuvo sin avances. “Es un verdadero punto de inflexión, por primera vez en más de una década, los denunciados estarán frente a frente con el Juez, y se les expondrán los delitos de los que los acusa”, explicó el abogado Jerónimo Guerrero Iraola, representante del Centro de Ex Combatientes de Malvinas de La Plata, a cargo de la querella.
El pedido del fiscal Rapaport, que incluía la detención de 26 acusados, alcanzaba 22 hechos de torturas ocurridos en la Isla Gran Malvina, en el ámbito de la Fuerza de Tareas Yapeyú, donde se desempeñó el Regimiento de Infantería N°5.
Según la investigación, los acusados “habrían ordenado y ejecutado diversos actos de tortura, entre ellos, los conocidos estaqueamientos y enterramientos” para “controlar” indisciplinas, como el robo de comida por el hambre extremo que padecían.
De acuerdo al relato de los denunciantes, los militares los ataban al suelo helado de las islas con sogas, como en una crucifixión, y los dejaban a la intemperie durante horas, mientras nevaba y se les congelaban los miembros del cuerpo. De eso se trataban los estaqueamientos, una forma de tortura que para los querellantes y diversos organismos de Derechos Humanos, constituye un delito de lesa humanidad.
También, los soldados contaron que recibían golpes, eran obligados a sumergir distintas partes del cuerpo en el agua helada o enterrados como forma de castigo por robar comida para no morir de hambre.
El grupo de ex conscriptos platenses lleva años “en la producción de evidencia, articulando con diversos sectores, interviniendo en forma activa en la causa”, destacó la abogada Laurentina Alonso. Por su parte, el secretario de Derechos Humanos de la entidad, Ernesto Alonso, aseguró que “noticias de este tipo son las que alimentan la esperanza de consagrar la Verdad y la Justicia y ver, efectivamente, condenados a los artífices del horror”.
Ante el Juez
El 11 de noviembre pasado, representantes del CECIM La Plata, que es querellante en la causa, viajaron a Ushuaia para entrevistarse con el Juez Calvete para denunciar “una campaña de amedrentamiento que está sufriendo parte de los querellantes y de las víctimas por parte de los imputados”.
“Hay alrededor de 26 militares que fueron llamados a indagatoria por el fiscal. A partir de la sentencia favorable que obtuvimos en la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, están dadas las condiciones para avanzar, dado que se había pedido la prescripción y esto se negó por tratarse de delitos de lesa humanidad”, sostuvo en aquella oportunidad el secretario de Derechos Humanos del CECIM La Plata, Ernesto Alonso.