Así quedó confirmado en la instrucción de la causa penal de este nuevo escándalo judicial, en función a un informe que fue presentado por un Juzgado de Río Grande. La defensa pide que se cierre el caso de manera urgente, por inexistencia de delito.
USHUAIA.- El abogado Gustavo Ariznabarreta, confirmó que las 53 fotos de contenido sexual y posible abuso infantil contenidas en la nube virtual del juez Andrés Leonelli corresponden a una investigación que el magistrado llevó adelante en la ciudad de Río Grande en el año 2016.
En declaraciones radiales el abogado dijo que el material con contenido de pornografía infantil “son de una causa en la que él instruyó como juez, recordando que él estuvo entre el 2015 y 2017 como juez en Río Grande, y en ese marco funcional se abrieron las fotos para producir la prueba y seguir adelante con la investigación penal”.
Ariznabarreta señaló que “cuando él se fue de Río Grande hizo un backup de la información, sentencias propias, sentencias del Superior Tribunal, y es lo que se hace para tener la fuente de datos para poder trabajar. En ese volumen enorme de cosas se guardaron estas fotos, entre otras cosas en carpeta, que quedaron 8 años en su computadora de trabajo”.
El abogado que defiende al integrante de la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones dijo que, “como está constatado ya el origen de las fotos, le pedimos a la jueza de instrucción de Ushuaia se cierre esta causa por inexistencia de delito”.
A pesar de la premura que tiene la defensa en cerrar la causa, aún queda pendiente una medida de prueba que fue solicitada por la jueza de Instrucción, María Cristina Barrionuevo, consistente en peritar el teléfono celular particular del juez Leonelli, a lo que se negó el magistrado, mediante un escrito que presento su abogado defensor.
Ariznabarreta dijo que “ya está acreditado desde qué maquina se subió, que fue una computadora del Poder Judicial, por lo que no tiene sentido que se periten el resto de los teléfonos celulares”.
Medida pendiente
Frente a la decisión de la defensa de negar la realización de un peritaje informático en un segundo celular que tiene el juez Andrés Leonelli, la fiscalía presentó una apelación, por lo que se dio intervención a la Cámara de Apelaciones, la que fue conformada por integrantes de la Sala Civil.
El pasado viernes los jueces Alejandro Sergio Manuel Fernández y Aníbal Gerardo Acosta, con la disidencia del juez Daniel Alejandro Sacks, rechazaron el pedido de la fiscalía de autorizar el peritaje sobre el teléfono Samsung secuestrado durante el allanamiento del domicilio de Leonelli, en el barrio Terrazas del Fin del Mundo.
Ahora se aguarda si la Fiscalía recurrirá la decisión de los camaristas, que siembra sospechas sobre un posible encubrimiento hacia uno de sus pares.
La misma investigación revela que otro funcionario judicial estaría sujeto a pesquisa en relación con el cumplimiento de sus deberes: se trata del secretario de Administración del Superior Tribunal, David Patchman, quien habría recibido con antelación una alerta de la empresa Google vinculada a la tenencia de contenido sensible, sin haber informado oportunamente a los jueces del Superior Tribunal.