La Comunidad Indígena Rafaela Ishton denunció que el Gobierno provincial quiere obligarlos a transferir al Estado el manejo de sus recursos naturales a cambio de destrabar todos los permisos para que puedan trabajar dentro de su territorio.
USHUAIA.- El presidente de la Comunidad Indígena Rafaela Ishton, Rubén Maldonado, denunció ayer que existe un apuro por parte del Gobierno provincial para que el pueblo selk´nam dé su consentimiento al Plan Integral Comunitario (PIC) elaborado sin su consentimiento y aseguró que “eso se debe a que hay un interés por destrabar 400 millones de pesos que llegaron a la provincia por la Ley de Bosques, un dinero que la ministra Castiglione quiere manejar a su antojo”.
Días atrás, el Ejecutivo convocó al Consejo de Ancianos de la comunidad para informarle que no autorizará permisos para trabajar dentro del territorio comunitario hasta tanto la comunidad no apruebe el PIC. “Es una extorsión lisa y llana. No nos pueden imponer esa condición para que podamos trabajar. Nos apuran, nos corren sin darnos la posibilidad de asesorarnos con un abogado y un técnico forestal elegido por nosotros, que nos prevenga de consecuencias que podamos tener en el futuro. No vamos a firmar más nada con el Gobierno sin hacer revisar los papeles por profesionales que no sean del Gobierno. Además, tenemos que consultar a todos los miembros de la comunidad y eso lleva tiempo. Hace años que les pedimos reuniones para ponernos de acuerdo y ahora les agarró el apuro”, dijo el líder selk´nam.
Días atrás, el Ejecutivo convocó al Consejo de Ancianos de la comunidad para informarle que no autorizará permisos para trabajar dentro del territorio comunitario hasta tanto la comunidad no apruebe el PIC. “Es una extorsión lisa y llana. No nos pueden imponer esa condición para que podamos trabajar”.
La modalidad de planificación PIC permite formalizar en planes de manejo aprobados por las autoridades locales el manejo del recurso, como también la comercialización de los productos generados y el acceso al dinero de la Ley de Bosques. “Nosotros queremos tener nuestro PIC, pero nos corresponde a nosotros el manejo de nuestros recursos naturales, no al Gobierno. El PIC que quieren que aprobemos se ejecutaría en nuestro territorio y el beneficiario sería el Estado, en lugar de nuestra comunidad y eso implicaría una transferencia de derechos”.
En el mes de abril, el fiscal de Estado Virgilio Martinez de Sucre dictaminó a instancias de una denuncia de la comunidad selk´nam, que el Gobierno debe consultar a los pueblos indígenas antes de tomar decisiones que puedan afectar sus derechos, en cumplimiento de las leyes vigentes. Además, estableció que el mecanismo de consulta debe ajustarse a un protocolo creado por el Gobierno nacional a tal fin y que en la provincia debe implementarlo la Secretaría de Pueblos Originarios, la cual “casualmente” fue eliminada hace un mes.
Al respecto, Maldonado recordó que “la disolución de la Secretaría de Pueblos Originarios también fue una medida inconsulta que, evidentemente, nos afecta, porque ahora no hay un área especializada que pueda intervenir a la hora de acompañar una consulta previa. O sea que, en lugar de hacer las cosas más fáciles, el Gobierno nos arrincona más para que cedamos a sus intenciones”.
“Este Gobierno es el primero que nos impide trabajar. Pasamos la pandemia en situación desesperante y este invierno estamos igual. Con ningún Gobierno nos había pasado esto”, expresó Maldonado.
El territorio selk´nam está ubicado en Tolhuin y la actividad maderera siempre fue el sustento de los selk´nam que sobrevivieron al genocidio perpetrado entre 1880 y 1910 y quedaron viviendo en el campo. Tras haber obtenido la titularidad de las tierras, la comunidad se convirtió en guardiana de sus recursos naturales y se comprometió a poblar su territorio trabajando y haciendo uso sustentable de ellos.
“Este Gobierno es el primero que nos impide trabajar. Pasamos la pandemia en situación desesperante y este invierno estamos igual. Con ningún Gobierno nos había pasado esto”, sentenció Maldonado.
Hoy, en pleno invierno, con los caminos inaccesibles, sin electricidad y sin dinero para cargar combustible, la mayoría de las familias que habitan el territorio se ven obligadas a mudarse a Tolhuin, muchas veces con sus gallinas y animales de tiro que de otro modo morirían bajo la nieve. Todo porque al no tener permisos, no pueden generar recursos para garantizar el alimento diario.
Juegan con la necesidad de la gente
Rosana Soto y su familia tienen un emprendimiento maderero en el territorio. Producen postes y leña y están parados porque el Ministerio de Producción y Ambiente les niega los permisos para sacar madera del monte. “Ya tuvimos varias reuniones con la ministra Sonia Castiglione y nos dicen que hasta que no firmemos el PIC no vamos a tener permisos de nada”.
Soto detalló, además, que su familia también tiene presentado un proyecto para la explotación de un turbal y que cumplió con todos los requisitos que se le pidieron, pero nunca se lo autorizaron. “Si me dieran el permiso para el turbal, yo ya estaría trabajando con mi marido y con mi hijo, porque tenemos las herramientas pero si no me dan el permiso no puedo entrar.
Me ofrecieron trabajar en un predio fiscal, pero yo no puedo trasladar mi casa y mis herramientas a otro lado. ¿Por qué me tengo que ir a trabajar a un fiscal si yo tengo mis tierras ahí?”, cuestionó.
“Yo no opiné en esa reunión, pero me quedó la sensación de que creen que porque somos indios somos tontos. Juegan con la necesidad de la gente”, agregó.
Cabe indicar que dentro de las familias afectadas también hay niños menores cuyos derechos están siendo vulnerados, como en el caso de Rosana que tiene 8 nietos de entre 2 y 9 años. “A mis hijas les quedó monte para sacar leña de las 10 hectáreas que les autorizó el Gobierno en 2016, pero no les dejan sacar más. No les dan los vales y sin los vales no podés vender”.
“No sé… tenemos la tierra, tenemos las herramientas, las ganas de trabajar y nos niegan los permisos y nuestro trabajo es nuestro único sustento. Hasta hace 5 ó 6 meses me daban la bolsa, me pagaban el Red Sol y me pagaban la asignación universal, pero mi hijo ya es mayor y me dieron de baja la tarjeta social. Así que ahí estamos luchando.
“Yo no opiné en esa reunión, pero me quedó la sensación de que creen que porque somos indios somos tontos. Juegan con la necesidad de la gente”Rosana Soto
Por su parte, Norma Cifuentes tiene tres hijos que pertenecen a la comunidad: dos mellizos de 20 y una de 22. “En la zona que nos tocó queremos hacer un camping temático, para fomentar el turismo cultural. Presentamos todos los papeles y entre protocolos y trámites te van poniendo trabas, te niegan los recursos. Nos cansaron y abandonamos todo. Empezando porque me pedían la medida del terreno. Tenía que pagar un agrimensor para medir dentro del territorio que es comunitario. Hay mucha burocracia. Cuando quisimos pedir un crédito nos salieron con que la comunidad está acéfala y eso no es verdad. Entonces tomaron distancia y en lugar de ayudarnos, nos abandonaron”, relató.
Norma es jubilada de la policía y todavía puede alimentar a su familia, pero la situación pone en desventaja a sus hijos que son jóvenes, tienen tierras y recursos naturales para iniciar un emprendimiento propio, pero no pueden hacerlo porque el Estado les impone condiciones arbitrarias.
“El pueblo selk´nam tiene su propio territorio y nadie más que nosotros puede mandar ahí. Fin de la discusión”, concluyó.