El Gobierno chileno y las agrupaciones de camioneros que mantenían el paro llegaron a un acuerdo para que se levanten las movilizaciones que han provocado daños al rubro silvoagropecuario e impacto en diversos sectores productivos, además del normal abastecimiento de supermercados.
BUENOS AIRES (TÉLAM).- La medida de fuerza se extendió por casi ocho días y generó pérdidas en distintos sectores productivos y del comercio, además de problemas en el normal abastecimiento del comercio y supermercados. El Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles continuará su vigencia para mantener el precio del diésel.
“Tras conversaciones y compromisos de todos los sectores involucrados, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, firma acuerdo con sectores productivos y gremios Fuerza del Norte y Camioneros Centro Sur”, informó en sus redes la Subsecretaría del Interior.
El acuerdo alcanzado señala que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) continuará su vigencia para mantener el precio del diésel, con una inyección de 1.500 millones de dólares que serán incorporados en la Ley de Presupuesto de 2023.
Además se enviará un proyecto de ley para mantener sin cambios el precio del diésel por un plazo de 120 días a través de un mecanismo transitorio que irá dentro del Mepco.
En temas de seguridad, desde el Gobierno se comprometieron a diseñar un plan operativo junto a Carabineros de Chile para mejorar la seguridad en siete puntos definidos entre las regiones de Arica y Coquimbo, zona norte de Chile, con presencia policial preferentemente en horario nocturno entre las 22 y las 6.
El acuerdo también contempla que para 2023 se construirán seis zonas de estacionamientos para ser usadas como área de descanso en las vías estatales de la Macrozona Norte, mientras que en rutas concesionadas se avanzará en un diseño y construcción de al menos dos zonas de descanso que estarán disponibles en 2024.
Los ocho días de movilizaciones llevaron al Gobierno a invocar la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, que implica mayores penas a los delitos que afecten el orden público, como los cortes de ruta.
En total, 19 personas fueron detenidas, 11 de ellas por Ley de Seguridad del Estado y el Gobierno presentó 34 querellas por la misma ley por las distintas movilizaciones a lo largo del país.