Ayer, durante la sexta sesión ordinaria del Concejo Deliberante, debían tratarse 15 dictámenes de ordenanzas municipales. Debido a un desacuerdo en el proyecto de adhesión a la ley provincial 1233 que obliga a los funcionarios públicos a carecer de adicciones la sesión inició una hora mas tarde, no hubo debate y se pospuso por diez días.
RIO GRANDE.- El viernes 7 de septiembre el Concejo Deliberante de Río Grande sesionará nuevamente para tratar la adhesión a la ley que establece control antidoping y tratamiento para funcionarios públicos que consuman drogas. Los concejales María Laura Colazo, Eugenia Duré, Verónica González y Raúl Von Der Thusen presentaron un proyecto alternativo al del concejal Paulino Rossi. Éste propone que los funcionarios sean notificados hasta 48 horas antes de realizarse el examen toxicológico y que la designación se haga mediante sorteo.
Rossi argumentó que el segundo proyecto ingresó una hora después de haberse convocado la sesión; por lo cual el mismo no debería haber ingresado en el orden del día. El concejal, además, manifestó sus sospechas acerca del proyecto, aludiendo que se asemeja mucho a una medida dilatoria y distractiva para no tratar el presentado previamente. Finalmente la sesión fue pospuesta para dentro de diez días.
“No es que se terminó la sesión, ni siquiera se empezó. Lo de hoy es un papelón porque de 15 dictámenes que se iban a tratar no fueron tratados, no pudo pasar ni un asunto a comisión. Por la resistencia de algunos concejales a discutir el proyecto de ordenanza que prohíbe que haya funcionarios adictos a drogas o sustancias prohibidas”, manifestó Rossi.
El concejal calificó de artilugio bochornoso, la presentación de un dictamen nuevo y la falta de quórum: “Lo presentaron fuera de reglamento y bajo el argumento de debatir más, suspendieron toda la sesión hasta el viernes de la semana que viene. Lo más triste es que en la Legislatura provincial y en el Concejo de Ushuaia este proyecto se aprobó por unanimidad. Acá, por no tratar este asunto, se postergó el tratamiento de toda la sesión por diez días”, expresó Rossi.
Además, reconoció que desde su bloque no estaban de acuerdo con un cuarto intermedio de diez días, pero insistió en que no había argumento para no sesionar: “Por no querer discutir un asunto la ciudad de Río Grande tiene que esperar diez días para el tratamiento de las demás normativas necesarias para la ciudad. El proyecto que incluía a los taxis y remises, por el que hoy tuvimos una manifestación, no tomó estado parlamentario porque se negaron a sesionar las concejalas” dijo. Y agregó: “Llama la atención que permanentemente se trate de generar beneficios para los funcionarios cuando en realidad lo que tenemos que hacer es garantizar a los vecinos que no haya funcionarios que consuman drogas”.
La concejal María Eugenia Duré aclaró que, en realidad, lo que hicieron fue pedir más tiempo, debido a que en el proyecto actual no adhiere a la ley provincial 1233: “Esto no establecía el proyecto del concejal Rossi. Pero además, está el no poder seguir profundizando el trabajo en comisiones. Nosotros tenemos la obligación de llamar a comisión para cada uno de los proyectos y de informar en cada una de las comisiones a quién se va a llamar a trabajar. Ninguna de las comisiones a las que hace alusión el concejal Rossi convocó a alguien que tenga que ver con consumos problemáticos. No se convoca a profesionales de salud, de salud del municipio o de salud mental, no se convoca al área de Prevención de Adicciones”, argumentó Duré.
“No es que los que firmamos el otro proyecto estemos en contra, todo lo contrario. Estábamos tratando de explicar a los concejales, primero que se debe adherir a la ley provincial, segundo que nos den unos días más para convocar a especialistas en salud mental. Cuando nosotros proponemos esto, nos dicen que no; que se vota o no se vota”, insistió la concejal.