Así lo manifestó el abogado Francisco Ibarra, quien señaló que se han planteado diversas nulidades respecto de lo actuado en una causa donde asegura “no hay un solo informe de dominios”, dijo respecto del patrimonio atribuido a la pareja. Asimismo aseguró que se incautó solo un automóvil “que no es de mis clientes” y se trabó embargo sobre un inmueble, pero “no se dio intervención a la AFIP como corresponde en este tipo de casos”, concluyó.
RIO GRANDE.- La causa por presunto lavado de activos que lleva adelante la Justicia Federal, desde el fuero Penal y Económico, contra la pareja compuesta por Maximiliano Bernabé Perpetto y Marcela Silva Gallardo, fue replicada por el abogado Francisco Ibarra, quien aseguró que representa legalmente a la mujer.
A la espera de la convocatoria para indagatorias el 27 de agosto, Ibarra señaló en declaraciones a FM Líder, “hemos planteado diversas nulidades. Esta causa es un total mamarracho, muestra una ausencia total de investigación y se inicia en el año 2009 por una investigación por drogas, tráfico de estupefacientes, que se desvinculaba de otra causa del 2006. En el 2009 se inicia la causa contra Silva Gallardo y Perpetto y en 2013 se realiza la acusación sin haber realizado ningún allanamiento ni medida de prueba”, aclaró.
Ibarra agregó que se inició ,a partir de escuchas telefónicas, recurso judicial sobre el cual consideró, “existe un abuso en el uso de esta facultad -la escucha- , jurídicamente se conoce esto como una salida de pesca. Se sale de jurisdicciones para ver que delito se cometió, se escuchó por cinco años los teléfonos de esta gente, y sin ningún pedido de investigación en 2013 la juez dispone que podría encuadrar dentro del delito de lavado de dinero y se pide la intervención de la UIF”.
En ese sentido aclaró sobre la intervención de la Unidad de Investigación Financiera en esta causa, “en ningún momento la UIF hizo un informe antes de su intervención en 2013, no es que la causa se inicia por el informe de la UIF, la ley en materia de delitos de esta clase prevé una metodología de trabajo y no se dio intervención a la AFIP como corresponde en este tipo de casos”, acotó.
“No hay un solo informe de dominio”
Sobre el amplio patrimonio atribuido a esta pareja a lo largo de los últimos años, cuestión que es muy conocida socialmente, en cuanto al rigor investigativo de la causa, Ibarra asegura, “no hay un solo informe de dominio de 25 autos que constan en la causa, al día de hoy no hay una sola actividad ilícita acreditada en el expediente”, dijo, negando una a una la adquisición de distintos bienes inmuebles atribuidos a los imputados.
Sobre un complejo de departamentos sobre calle 25 de Mayo señaló, “en la causa no hay nada que acredite ni persona que viva en los departamento que diga que es de ellos”, sobre la presunta adquisición de locales nocturnos, respondió “no hay ni una sola constancia no escrita ni de ninguna forma que se parezca que acredite esos locales, y no son dos son tres, pero lo dice el fiscal y no hay nada que acredite”, reiteró Ibarra, negando también que exista documentación en la causa vinculada a la adquisición de una vivienda en la zona de las Barrancas por una cifra millonaria.
En cuanto a bienes registrables como rodados, expresó, “solamente hay documentación respecto de la compra de unos planes de vehículos de la Renault, operaciones producto de la actividad comercial de esta gente que es la compra de autos”, concluyó Ibarra.
“Están generando un perjuicio económico”
Finalmente asegura que el informe de la UIF solamente “habla de reportes sospechosos, no significa delito, sino operaciones comerciales a partir de determinado monto”, reconociendo que se trabó un embargo como una medida cautelar, que descartó fuera mediante el secuestro de diez autos.
“No se secuestraron diez autos, un solo auto fue secuestrado, un Chevrolet Prisma que incluso vamos a presentar un monto de dinero para cubrirlo y desafectarlo porque ese auto no es de mis clientes, debe ser un auto que ya vendieron, y que se tome esa medida los afecta seriamente en el aspecto comercial cuando viven de eso, de la venta de autos”, detalló Ibarra, asegurando que “están generando un perjuicio económico en estas personas”.
Asimismo, también el abogado reconoció que el embargo afectó un solo inmueble que está sobre calle Finocchio, que pertenece a la empresa Autos y Autos SRL.
“He planteado la nulidad de la instrucción y de la acusación fiscal, hay violación absoluta del derecho a defensa”, concluyó el abogado a la espera de las indagatorias, momento tras el cual recién referenciaron desde la Justicia Federal que brindarán declaraciones respecto de esta causa que tanta trascendencia tomó a nivel social.
