Al respecto, la subsecretaria de Diversidad de la provincia, Victoria Castro Tavieres, sostuvo que “es otro motivo más para festejar, tal como lo fue en su momento la sanción de la ley de matrimonio igualitario, la identidad de género, la ley que garantiza la posibilidad del acceso al empleo formal”.
RIO GRANDE.- Asimismo, agregó que “esto garantiza nuestra construcción identificaria como cada cual la concibe, que no coincide con lo binario masculino-femenino, entonces me parece que esta posibilidad de no ponernos como estos dos únicos géneros, me parece muy bueno”.
Asimismo, reconoció que dicha medida recibirá cuestionamientos desde diversos sectores, indicando que “todo lo que tiene que ver con el colectivo, se cuestiona siempre”. La Subsecretaria aclaró que “hoy hay una política nacional que nos permite poder desarrollar nuestra identidad como queremos y ponernos como queremos y no ponernos donde nos pongan siempre”. Castro aclaró que se trata de una “conquista más. Me parece que las personas que no se autoperciban como masculinos o femeninos, me parece muy bien que se les coloque una X y que cada cual viva su identidad y su vida como mejor le parezca; hoy es como quieran, antes como puedan. Hoy hay una puerta que se abrió, que nos permite poder ubicarnos en el lugar donde queremos”.
La funcionaria aclaró que todas las personas que no se sientan identificadas como masculino o femenino, podrán presentarse en el registro civil para realizar la rectificación indicando “yo no considero que femenino o masculino me identifique y lo necesito modificar”, concluyó Victoria Castro Tavieres.
Nomenclatura ‘X’
Cabe destacar que dentro del artículo cuarto del decreto nacional, indica que la nomenclatura ‘X’ en el campo ‘sexo’ comprenderá las acepciones no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.
Asimismo, se confirmó que la medida entrará en vigencia una vez publicada en el Boletín Oficial. A partir de ello, se dispondrá de un plazo de 120 días para que todos los organismos lleven adelante las adecuaciones normativas, tecnológicas y de sistemas que resulten necesarias para su efectiva implementación.