En un contexto de hiperinflación y retraso en la ejecución de obras financiadas por el Gobierno nacional el Ministerio de Obras Públicas que dirige Gabriel Katopodis modificó las condiciones para la ejecución de programas nacionales en las provincias y municipios, a las cuales la Provincia debió adherir.
USHUAIA.- Mediante decreto 1461/23 fechada el 9 de junio pasado, el Gobernador Gustavo Melella adhirió a lo establecido en la resolución 2022-164-APN-MOP que fija modificaciones a los programas de asistencia financiera a las provincias para proyectos de obras públicas y delegó en la figura de la ministra de Obras y Servicios Públicos Gabriela Castillo, mayores competencias como renegociar los contratos de obras públicas financiados con fondos nacionales.
El decreto recuerda en sus considerandos que “existen diversos proyectos de obras públicas cuyo financiamiento proviene, en gran medida, de programas nacionales en tanto se ha suscripto convenios específicos de cooperación y financiación con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación y que la experiencia recogida en el devenir de la ejecución de los mentados programas de asistencia financiera, han puesto en evidencia la conveniencia de introducir modificaciones y mejoras tendientes a optimizar su funcionamiento”.
Consecuentemente, la normativa nacional respectiva, ha sido reformada tornándose necesario brindar a las jurisdicciones beneficiarias, la opción de adherir expresamente a las modificaciones dispuestas”.
“En este contexto, deben realizarse los ajustes correspondientes en la normativa para poder solicitar una adecuación de la asistencia financiera oportunamente acordada para cada obra con el Ministerio de Obras Públicas de la Nación”.
De esta manera, “se delegó en la Ministra de Obras y Servicios Públicos de la Provincia la competencia para suscribir los contratos que correspondieren, sus adendas, como así también emitir actos administrativos relativos al otorgamiento de prórrogas de contrato, de readecuación de precios, a través de la aplicación de una estructura de ponderación y/o redeterminación de precios, declaración de rescisiones y en general, de cualquier otra circunstancia que hiciera a la ejecución o modificación de aquellos, incluyendo la aplicación de penalidades en el marco de las contrataciones”.
La resolución del Ministerio de Obras Públicas de la Nación a la cual acaba de adherir Tierra del Fuego, establece entre otras pautas que “las Provincias, los Municipios y los demás Entes beneficiarios (firmantes del Convenio) son los responsables de la ejecución de los proyectos elaborados y aprobados por la Autoridad de Aplicación, debiendo ejecutar los mismos con su propio personal o bien, mediante los procedimientos de contratación establecidos en su normativa local, que aseguren debidamente el respeto a los principios de transparencia” correspondientes.