Los defensores oficiales presentaron la apelación a los seis procesamientos en la causa por el brutal crimen del jubilado. En cuanto a los dos principales implicados sostienen “nulidades” al momento de ordenarse los allanamientos. Respecto de los detenidos por “encubrimiento” cuestionaron duramente la hipótesis del juez carente de prueba respaldatoria.
RIO GRANDE.- Las apelaciones fueron presentadas el viernes en relación a los seis procesamientos con prisión preventiva que dictara -semanas atrás- el juez de instrucción, Dr. Daniel Cesari Hernández en relación al brutal crimen de Juan Carlos Lucena de 68 años, el 20 de enero.
Por este hecho fueron procesados Facundo Oscar Mancilla de 21 años y Eduardo Javier Acosta de 24, por el delito de “homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causae”, cuestionando los defensores oficiales los caminos de la investigación y como se fueron realizando los allanamientos.
Los defensores cuestionaron que “no hubo motivación suficiente” para adoptar las medidas judiciales que terminaron con las detenciones, ante lo que se plantearon nulidades procesales sobre las que deberá resolver la Cámara de Apelaciones.
Esclarecimiento vía Facebook
Entre las numerosas medidas que se adoptaron en los minutos que siguieron al brutal crimen del jubilado en los patios internos del barrio Textil, hubo dos datos puntuales que se definieron a través de la red social que permitieron dar con los autores materiales del asesinato.
Un usuario de Facebook, que es prima de dos de los imputados, comentó en los minutos posteriores al crimen “me re aburro con quien pinta esas apuñaladas”, posteó textualmente.
En esa publicación etiquetó a los hermanos Franco y Facundo Mancilla, siendo este último uno de los imputados en el crimen material.
Es a partir de esta publicación que se llega a vigilar los departamentos de Luisa Rosso 540, del cual al día siguiente descartaron la mochila con el cuchillo y pertenencias de la víctima.
Asimismo una joven que reside en el barrio Textil, en el vecindario donde se produjo el homicidio, fue la que hizo el reconocimiento del otro imputado material del crimen, Eduardo Javier Acosta, desde su cuenta de Facebook, a partir de que su padre lo había observado, pero no pudo precisar su identidad.
La joven apuntó a Acosta por una particularidad física, e hizo su reconocimiento desde la red social Facebook, a través de la cual lo conocía de vista.
Los defensores sostienen que estas situaciones no fueron fundamento suficiente para librar los allanamientos y detenciones de estos dos sujetos.
Apelación a los encubrimientos
Los cuestionamientos de los defensores fueron particularmente duros en relación a la situación de los restantes cuatro imputados, los cuales están procesados y detenidos con una valoración judicial casi de tono alarmante por parte del juez actuante.
Es que en torno a la situación de estos cuatro imputados, el Juez no pudo mencionar un solo testigo o indicio que los encuentre en una situación de ocultamiento o destrucción de prueba.
En el caso particular de los detenidos Alberto Torres y Leandro Emanuel Acuña el Juez aludió a la situación de Torres sacando la basura con paños ensangrentados, en una vivienda de las inmediaciones, a la cual los defensores incluso cuestionan que no había ningún elemento objetivo que apuntara a esa vivienda.
Si bien aún resta definir el examen de ADN que confirme a quien pertenece esa sangre, ya que la defensa sostiene que la sangre era procedente de hemorragias que sufría la mujer de Torres, hay más elementos que abonan la teoría defensiva.
Esta semana el jefe de la Policía Científica testificó en la causa y refirió que la sangre en estos paños está impresa por “transferencia”.
Esto significa que esas telas estuvieron en contacto con la fuente de la que emanó la sangre, y no que la misma haya sido impresa por “arrastre”.
Esto es consonante con la versión de la mujer de Torres, quien dijo que utilizó esas telas como apósitos, y no con la versión que recreó el Juez en su pronunciamiento, respecto de que los dos asesinos habrían pasado por esta casa a “higienizarse”.
Hasta el momento el juez Cesari es la única fuente de representación de esta escena, ya que la causa no tiene un solo testigo que indique esto.
La situación de trascendencia y conmoción que generó esta causa, ocasionó que este fin de semana la familia de Torres y Acuña -la mujer con sus otros dos hijos-, fueran desalojados de su vivienda en el barrio Textil por presión de los vecinos.
Ahora los defensores depositan su expectativa en que la Cámara de Apelaciones corrija este último punto.
Respecto de los detenidos por “encubrimiento” cuestionaron duramente la hipótesis del Juez carente de prueba respaldatoria.
