BUENOS AIRES (NA).- Referentes de todo el arco político del país cuestionaron en las últimas horas el fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el cómputo del 2×1 en las penas de represores y coincidieron en que ese beneficio no puede otorgarse a condenados por delitos de lesa humanidad.
El Gobierno nacional también expresó su disconformidad con la utilización del beneficio del 2×1 para liberar a condenados que cometieron “delitos muy graves”; aunque el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, dijo que estaba “de acuerdo” con el fallo, si este se “ajustaba a la ley”. “Manifiesto mi posición contraria a la ley del 2×1 que es un desatino. Esta ley beneficia a lo peor del delito. Es un fallo de la Corte y hay que respetarlo, pero tengo una mirada crítica”, aseguró el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano.
Este jueves en reunión de Gabinete en la Casa Rosada, el funcionario explicó los alcances de la decisión ante las autoridades nacionales y detalló que hubo “coincidencia en una crítica que ya había de la ley del 2×1, que si bien está derogada, sigue generando efectos muy perniciosos en términos de cómo se asignan prioridades a la hora de contar los plazos y que recuperen la libertad personas que generalmente cometieron delitos muy, muy graves”.
El Comité Nacional de la UCR, en tanto, repudió el “criterio adoptado” por la Corte, al entender que “implica un grave retroceso de una política de Estado en materia de derechos humanos que ha sido delineada por los tres órganos del poder, soslayando un principio fundamental como lo es el de la no regresión en la materia”.
En un comunicado, el partido que encabeza el intendente de Santa Fe, José Corral, aclaró que mantiene su “irrestricto apoyo y respeto a la independencia del Poder Judicial”, pero manifestó “su enérgica disconformidad con la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa Muiña”.
El diputado nacional del PRO Daniel Lipovetzky consideró “reprochable” el fallo y un “grave retroceso en todo lo logrado en materia judicial respecto a los crímenes cometidos por el terrorismo de estado”.
“Ni olvido ni perdón, mucho menos reducción de penas”, recalcó Lipovetzky, exsecretario de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires, en un comunicado.
Del frente oficialista Cambiemos, el único partido que no se expidió sobre el caso fue la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
A su vez, el Frente Renovador de Sergio Massa rechazó el 2×1 “en todos los casos y fundamentalmente en los de lesa humanidad. Es un mensaje pésimo para una sociedad que reclama mejor justicia y que los delincuentes de lesa humanidad cumplan su pena completa”.
Para el Frente para la Victoria, la decisión del máximo tribunal es un “insólito beneficio a los genocidas”, que “significa un enorme retroceso en la lucha contra el terrorismo de Estado y en la imagen que el país había recuperado a nivel internacional en la defensa de los derechos humanos”.