A partir de una investigación realizada por el Tribunal de Cuentas de la Provincia se comprobó que -en 2013- ocho empleados contables y administrativos del Hospital Regional firmaron cheques por más de 600 mil pesos que no pudieron rendir. Una de las condenadas se desempeña hoy en el Tribunal de Cuentas Municipal.
RIO GRANDE.- A través de la Resolución N° 006/17, fechada el 7 de agosto, el Tribunal de Cuentas de la Provincia comprobó que ocho agentes de las áreas administrativa y contable del Hospital Regional de esta ciudad cometieron ‘perjuicio fiscal’ contra las arcas del Estado, al no rendir fondos por más de 600 mil pesos.
La auditoría del Tribunal de Cuentas detalla en más de ochenta páginas que, a partir del accionar de los agentes estatales del nosocomio -que ocuparon cargos de responsabilidad-, “surge un daño real y efectivo de 687.199,10 pesos”.
“Ha quedado comprobado que durante el ejercicio 2013 se realizaron erogaciones por la suma de $687.199,10 que no han sido debidamente rendidas”, menciona la investigación, entendiendo así que existió un claro perjuicio a las arcas del Estado.
Por este motivo, condena a los siguientes agentes: Gimena Marisol Bilic; Patricia Estela Gómez; Vanesa Ivana Burgos y Evelyn Valeria Schipani “por resultar solidaria y patrimonialmente responsables del perjuicio fiscal por la suma de $687.199,10 más sus respectivos intereses calculados desde el 16 de marzo de 2015, hasta su efectivo pago”.
Además, condena a María Elena Corazzin “por resultar patrimonialmente responsable hasta la suma de $562.009,51 del perjuicio fiscal con intereses calculados al 20 de marzo de 2015”; a “Héctor Cristian Barella por resultar patrimonialmente responsable hasta la suma de 270.267,74 por perjuicio fiscal”; “Sandra Esther Gisser por resultar patrimonialmente responsable hasta la suma de $295.153,67 por perjuicio fiscal” y a Daniel Alberto Centeno “por resultar patrimonialmente responsable hasta la suma de $125.189,59”.
Bilic, Gómez, Corazzin, Schipani, Gisser, Barella, Uribe, Burgos y Centeno podrán interponer recurso de apelación ante el Superior Tribunal de Justicia dentro de los 30 días de notificados.
La investigación
Remarcando que “los agentes que tienen a su cargo la obligación de rendir cuentas tienen un ‘deber de cuidado’”, el informe del Tribunal de Cuentas descarta las defensas esgrimidas por los acusados, quienes justificaron la falta de documentación respaldatoria de los fondos no rendidos a raíz de un ‘caos’ en el sector de archivos del Hospital.
“Ninguno de los acusados puede excusar su responsabilidad en una suerte de desborde o caos en el supuesto lugar de archivo de la documentación a rendir, cuando ellos son quienes tienen el deber inexcusable de dejar a resguardo los expedientes que contienen las mentadas rendiciones, junto con la documentación de respaldo, que saben perfectamente deben presentar para su rendición”, sostiene el informe.
Y refuerza esa idea señalando que “las insistentes alegaciones respecto de lo inadecuado o inaccesible del lugar en el que supuestamente se encontraría la documentación respaldatoria de las rendiciones que debían efectuar, no hace más que demostrar una total falta al deber de cuidado y resguardo, lo que compromete su responsabilidad como agentes que manejan y administran caudales públicos”.
De la auditoría del Tribunal de Cuentas se desprende -en duros términos- que los acusados “en ningún momento dejaron constancia escrita de lo acaecido en el ámbito del depósito”, por lo que “resulta increíble y poco seria la excusa dada por los acusados, que como agentes públicos tienen a su cargo el manejo y/o administración de caudales públicos y posteriormente la rendición sobre el destino de los mismos”.
“Resulta extraño que los acusados no acompañaran una sola comunicación por la cual pusieran en conocimiento de los máximos responsables del nosocomio, ni de las autoridades del Ministerio de Salud, del caos y desorden en que se encontraba el depósito del Hospital Regional Río Grande”, agrega el informe.
Según sus escritos “todos sabían de dicha irregular situación”, lo que para el Tribunal de Cuentas “no hace más que responsabilizarlos solidariamente por haber omitido tomar las medidas adecuadas para el debido resguardo de la documentación”.
Bilic, Gómez, Corazzin, Schipani, Burgos Centeno ocuparon funciones jerárquicas administrativo-contables dentro del Ministerio de Salud, sin embargo “ninguno denunció durante el ejercicio de sus cargos la alegada falta de recursos, capacitación o el ahora pretendido ‘agobio administrativo’ que impidiese el correcto cumplimiento de los deberes y obligaciones que sobre ellos recaían”.
La Resolución detalla, asimismo, que Bilic, Gómez y Burgos firmaron cheques no rendidos por 687.199,10 pesos y que la investigación “no pudo acreditar la existencia de expedientes administrativos de contratación y mucho menos el cumplimiento de los procesos administrativos de pagos”.
Incumplimientos
Para llevar adelante la auditoría, el Tribunal de Cuentas encaró un análisis selectivo de 223 expedientes de 392 presentados, detectando numerosos incumplimientos a la normativa de contrataciones con la que se rige el Estado.
Como común denominador en los apartamientos legales verificados se pueden nombrar: falta de intervención en las actuaciones administrativas de la Auditoría interna del organismo; falta de remisión de los expedientes al Tribunal de Cuentas Provincial para su intervención; actos administrativos de autorización, adjudicación, aprobación del gasto y autorización del pago dictados en forma extemporánea y ausencia de los mismos en numerosos casos; así como notificaciones de cotizaciones, órdenes de compra y recibos de manera deficiente (vía fax, mail).
La investigación detectó, además, que diferentes actos administrativos que autorizaron la contratación y aprobación de gastos “se emitieron en forma extemporánea”, sin que se cumpla con la presentación del Registro de Proveedores (PROTDF), de certificados de cumplimiento fiscal emitidos por la Dirección General de Rentas, así como la falta de intervención de la auditoria interna y Tribunal de Cuentas de la Provincia.
La auditoría menciona, por otra parte, que “de la muestra selectiva tomada más del 56% de los expedientes, es decir 223 sobre 392 auditados, detectó una total inobservancia y/o desapego por parte de los acusados respecto de la ley territorial 6, de las leyes provinciales 50, 141, 495 y 554, del decreto 674/11, de los decretos jurisdiccionales de compras 2885/10 y 517/13, así como otras resoluciones”.
“Estamos ante una palmaria conducta negligente por parte de los acusados, la que devino en la irregular tramitación administrativa de las erogaciones sin rendir”, sostiene.
Cabe destacar que los fondos no rendidos corresponden a las cuentas Nº234 (Materno Infantil); Nº402 (Financiamiento Servicios Sociales) y Nº188 (Gastos funcionamiento HRRG).
