La Comunidad Indígena Rafaela Ishton, del pueblo selk´nam, se defendió de las acusaciones que se le hacen a su presidente Rubén Maldonado de no permitir trabajar a los miembros de la comunidad en la explotación del bosque y pidió una reunión con el gobernador Gustavo Melella para destrabar un nuevo conflicto interno generado por el Gobierno por no consultar a las autoridades comunales, antes de emitir los permisos para ello.
USHUAIA.- Maldonado se habría enterado de los permisos otorgados a miembros de la comunidad para explotar 10 ha. de bosque dentro de su territorio, a través de varios obrajeros y dueños de aserraderos que se acercaron a consultarlo, para saber si autorizaba su ingreso al territorio, “ya que habían pagado adelantos a miembros de la comunidad para explotar bosque a su nombre”.
Al realizar el reclamo formal de la Comunidad, las autoridades resolvieron detener las actividades forestales, por lo que inmediatamente, las personas que habían accedido a esos permisos, acusaron a Maldonado, de interferir para que no los dejen trabajar.
Mediante un comunicado, explicaron que lo que se le reprochó al Gobierno fue “haber reactivado esos permisos sin el conocimiento ni la consulta a las autoridades legítimas, y que se permitiera que se tercericen los servicios, cuando ese tema ha ocasionado graves consecuencias, de las cuales ya deberíamos haber aprendido la lección”.
En este punto recordaron que “el documento que acredita la propiedad comunitaria de nuestro territorio establece claramente que las tierras de la propiedad comunitaria no pueden ser enajenadas, ni transmitidas, ni susceptibles de gravámenes o embargos” y que “los adjudicatarios estarán obligados a radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad”.
“Podemos afirmar que ni Rubén Maldonado ni su familia, ni ninguna de las personas que integran la comisión directiva ni el Consejo de Ancianos, han sido beneficiados por tener conocidos o familiares en el gobierno y, de hecho, la situación ha sido y sigue siendo difícil para muchos integrantes de nuestro pueblo que se han quedado sin trabajo ni ingresos por la pandemia, sin que nadie haya recibido favores o ventajas”, aseguraron.
“Todo lo contrario. Durante todos estos meses, las autoridades del pueblo selk´nam siguen sufriendo el ninguneo, el desprecio y la falta de respeto de parte de autoridades provinciales, municipales, algunos “comunicadores” y parte de la gente, olvidando que Tolhuin está plantada sobre las 15 mil hectáreas que esos mismos ancianos que hoy desprecian, les cedieron generosamente en 1998 para que la ciudad crezca y se desarrolle”, afirmaron.
Asimismo, recordaron que “Río Grande y los grandes establecimientos ganaderos de la provincia, están asentados sobre la sangre de nuestros ancestros, quienes ni siquiera tuvieron la oportunidad de elegir si cedían sus tierras o no”.
Por último, destacaron que “a 100 años de ocurrido el genocidio contra nuestro pueblo, hoy nos siguen matando ignorando que tenemos autoridades, que los recursos naturales que reparten son nuestros y que cada uno de los permisos que se otorgan dentro de nuestras tierras comunitarias requieren nuestro consentimiento previo, más allá de cualquier documento anterior que exista. Confiamos en que el Gobernador nos escuche para ofrecerle una salida a esta situación, ya que en sus manos está la decisión política de visibilizar y fortalecer a nuestro pueblo”.