El Gobierno chileno anunció la creación de un comité para agilizar la expulsión de extranjeros irregulares y la implementación de un empadronamiento biométrico como parte de un nuevo paquete de medidas que buscan una “política migratoria ordenada, regular y segura”.
SANTIAGO DE CHILE (TELAM).- Bajo esta Política Nacional de Migración y Extranjería, el Ministerio del Interior coordinará la implementación inmediata de 28 medidas durante el 2023, entre las que se encuentra la creación de un “Comité Interinstitucional”, que agilizará y materializará las expulsiones administrativas y judiciales pendientes desde el 2013.
Este comité estará conformado por la Subsecretaría de Interior, la Subsecretaría de Justicia, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, Servicio Nacional de Migraciones, Policía de Investigaciones (PDI), Gendarmería y Registro Civil.
En la búsqueda del Gobierno de agilizar las sanciones y expulsiones, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señaló que el Congreso chileno ya aprobó el proyecto de ley que permitirá facilitar la etapa de notificación a las personas que serán deportadas del país.
El funcionario detalló que ahora la notificación se hará por carta certificada y correo electrónico, permitiendo que el “Estado chileno pueda iniciar el proceso de expulsión, acortando los plazos en una demanda muy importante”, ya que antes debía ser de forma presencial, algo difícil con inmigrantes que estaban en forma irregular en el país.
“Este proyecto de ley, que ayer ha sido despachado (aprobado) y el Presidente lo irá a firmar en los próximos días, va a permitir que el Estado tenga mucha mayor eficacia en esta tarea”, remarcó.
También se anunció la implementación del empadronamiento biométrico del que estará a cargo el Servicio Nacional de Migraciones, el que permitirá “que las personas presentes en territorio nacional tengan una identidad, a través de fotografía y toma de huellas dactilares”.
“La migración está dentro de las principales preocupaciones de los chilenos y chilenas y el presidente Gabriel Boric comprometió llevar adelante una política migratoria ordenada, regular y segura, y en el marco de ese mandato estamos cumpliendo los compromisos”, dijo Monsalve.
Esta nueva política se creó bajo diez ejes, que “incluyen una migración regular, seguridad y el control de las fronteras, combate al crimen organizado, la contribución al desarrollo económico y productivo del país, la reunificación familiar, la integración de personas migrantes y la promoción de sus derechos, la protección de grupos vulnerables, la protección de chilenos en el exterior y la colaboración internacional”, detalló.
“Nuestro país no puede seguir enfrentando el fenómeno migratorio sin un instrumento de largo plazo”, expresó la autoridad, y agregó que esta nueva política migratoria será “con una mirada de Estado que se haga cargo de manera clara de las situaciones que hemos enfrentado los últimos años”, manifestó.
Junto a esta nueva política migratoria, Monsalve agregó que irá acompañada de iniciativas legislativas, “las cuales contemplan modificaciones legales” que irán enfocadas al objetivo de “migración segura, ordenada y regular”.
Por su parte, la ministra del Interior, Carolina Tohá, valoró la medida y remarcó que “finalmente Chile va a tener una política de migraciones”. “Lo que estamos haciendo acá es ponernos al día con una deuda que tenemos, pero también prepararnos para el futuro”, dijo la titular del Interior.
Tohá afirmó que como Gobierno la propuesta de esta nueva política fue “asegurar la seguridad, la dignidad y derechos humanos de todas las personas”, además de fortalecer las capacidades del Estado para “controlar las fronteras, tener fronteras seguras, capaces de hacer cumplir la ley y donde las personas que trabajan tengan condiciones de seguridad, porque en todo eso hemos tenido debilidades en los últimos años”.
“Estamos en condiciones y tenemos la obligación de ofrecerles a los chilenos y chilenas una política migratoria que les de seguridad de que vamos a tener control de quien entre al país, seguridad de cumplir la ley, seguridad de que las personas que son una amenaza van a ser protegidos de ellas y a la vez de certeza de que Chile es un país decente”, cerró Tohá.
El Gobierno busca con estas medidas controlar los ingresos irregulares, como los que ocurren en la frontera norte con Perú, de personas en su mayoría venezolanas.
La crisis migratoria en el norte de Chile llevó a que hace unos meses cientos de personas se encontraran varados en la frontera buscando regresar a sus países de origen debido al endurecimiento de las leyes para quienes se encuentren de manera irregular en Chile.
Según informó Monsalve, en 2018 había 6.000 extranjeros irregulares en el país, mientras que en 2021 el número aumentó a 56.000 y en 2022 hubo una pequeña baja con 53.000.