Respaldando un informe de la Secretaría Legal y Técnica, la gobernadora Rosana Bertone firmó el decreto 1426/16, poniendo fin al denominado “convenio chino”. Sólo en concepto de multa diaria por no cumplir con la construcción de la Planta de Urea, “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” adeuda más de 29 millones de pesos.
USHUAIA.- El Gobierno provincial dejó sin efecto el convenio firmado en el 2010 con la empresa Tierra del Fuego Energía y Química S.A. (TDFEQ ) para la venta de gas proveniente de regalías.
Así lo decidió ayer la gobernadora Rosana Bertone, a partir de los “reiterados incumplimientos en los que incurrió la empresa”, entre ellos un segundo pago que nunca se efectivizó, como tampoco la construcción de la anunciada Planta de producción de urea.
Por gacetilla de prensa, el Gobierno detalló que en 2010 la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos suscribió un convenio con la firma de capitales chinos constituida como “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” acordando la venta de gas para su industrialización.
El convenio establecía que “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” debería realizar pagos adelantados por la compra del gas y cumplir con requisitos que iban desde estudios de factibilidad hasta obras de ingeniería civil, y una serie de procedimientos tendientes a la puesta en marcha de la Planta de Urea a construirse en la ciudad de Río Grande. La finalización se estimaba para el mes de mayo de 2013.
“Pese a las sucesivas intervenciones del Fiscal de Estado y sus recomendaciones sobre posibles irregularidades en el acuerdo, el Convenio fue remitido posteriormente a la Legislatura para su ratificación en noviembre del año 2010”, señala la información.
En diciembre de 2010, una vez ratificado el Convenio por la Legislatura, la empresa realizó el primer pago al que se había comprometido; pero el segundo pago nunca se concretó; ni tampoco se inició ninguna de las obras pactadas anteriormente.
La empresa manifestó excusas que apuntaban a las supuestas firmas chinas que estaban detrás del proyecto y a otras razones no del todo claras, solicitando una prórroga para el pago en cuestión.
El Gobierno concedió entonces a la empresa no sólo una, sino cuatro prórrogas, dilatando de esta forma el cumplimiento de las obligaciones contractuales y aplicando únicamente intereses por mora y una multa diaria.
En los años siguientes, las partes acordaron la suspensión del convenio mediante la suscripción de actas, estirando de esta manera los tiempos sin prever el pago de intereses ni multas hasta el año 2015. Y a pocos días del cambio de gestión, el gobierno anterior concede una nueva prórroga.
Sin embargo, al día de hoy la empresa “Tierra del Fuego Energía y Química S.A.” no abonó a la Provincia las sumas adeudadas.
Para el Gobierno “se constataron serias irregularidades en la tramitación de las actuaciones administrativas y una conducta displicente de la empresa” para acreditar en el expediente las razones esgrimidas para justificar los incumplimientos y solicitar nuevas prórrogas.
Por ello, a través del Decreto 1426/16, da por finalizado lo que fue conocido popularmente como “el convenio chino”.
Pagos
De acuerdo a los registros del Gobierno, la firma Tierra del Fuego Energía y Química (TDFEQ) habría depositado U$S 30.163.492,60 en tres pagos realizados en abril de 2009 (U$S 3.033.644,16); julio de 2010 (U$S 12.071.156,29) y en diciembre de 2011 (U$S 15.058.692,15).
Desde mayo de 2012, a raíz de un pedido de prórroga para cumplir con un segundo pago del contrato, la empresa acumula $ 29.280.000 en concepto de multa diaria. La gestión Ríos había establecido el monto de esa multa en 160.000 pesos diarios.
Hacia noviembre de ese año acumulaba U$S7.871.885 por intereses moratorios del segundo pago no realizado.
Inversión ficticia
En uno de los documentos analizados por el Gobierno, del año 2013,la firma TDFEQ menciona que llevaba invertidos U$S 170.000.000 en el proyecto.
Sin embargo, dice el informe de la Secretaría Legal y Técnica, que “no existe una sola constancia al respecto con excepción del depósito del primer pago”.
“No existe un solo elemento que acredite la inversión monstruosa que sugiere haber realizado, ni un solo documento respaldatorio del cual pueda inferirse la instalación al menos de un obrador”, señala el informe.
