BUENOS AIRES (NA).- El Gobierno oficializó el decreto del presidente Mauricio Macri que permitirá que represores condenados o procesados que se encuentran detenidos por delitos de lesa humanidad puedan volver a internarse y atenderse de manera ambulatoria en hospitales militares.
La resolución 65/2016, ordenada por el ministro de Defensa, Julio Martínez, da marcha atrás con un decreto anterior firmado el 26 de julio del 2013, durante la Presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, que justamente había inhabilitado a los represores a recibir atención médica en hospitales castrenses.
Un día antes de aquel decreto de la expresidenta se habían fugado los represores Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera cuando eran trasladados al Hospital Militar Central Cosme Argerich.
Entre los argumentos para justificar esta decisión que beneficia a represores de las Fuerzas Armadas, el Gobierno se apoyó en un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación y en una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En sus fundamentos, el decreto publicado este lunes remarca que “al privar de libertad a una persona, el Estado adquiere un nivel especial de responsabilidad y se constituye en garante de sus derechos fundamentales, en particular de sus derechos a la vida y a la integridad personal, de donde se deriva su deber de salvaguardar la salud de los reclusos brindándoles, entre otras cosas, la asistencia médica requerida”.
A partir del decreto de Cristina Kirchner, aquellas personas privadas de su libertad por su participación en crímenes de lesa humanidad que necesitaban asistencia médica eran atendidos en las unidades carcelarias en que se encontraban y, en los casos de mayor gravedad, se podía solicitar autorización al Poder Judicial y las autoridades del Ministerio para trasladarlos a otros centros médicos.