El expediente original de 16 mil hojas que tramitaba en el Juzgado Civil 1 de Río Grande a cargo del juez Horacio Boccardo fue girado en diciembre del año pasado a la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires, a pedido de Ford Motors. Desde ese momento, “duerme el sueño de los justos”.
USHUAIA.- Pasaron 7 meses desde que la justicia fueguina se desprendió del expediente original por la megacausa contra ocho automotrices por supuesta apropiación de beneficios impositivos, en perjuicio de 7000 consumidores de la provincia. A pedido de Ford, la Suprema de Justicia de la Nación debe resolver si el juicio debe ser tramitado en la justicia fueguina o en el juzgado federal de Río Grande, como lo piden las automotrices demandadas. Los abogados acusan que el expediente “duerme el sueño de los justos”.
El año pasado la jueza Elena Highton de Nolasco consideró necesario para resolver, que se envíen todas las actuaciones, “lo cual usualmente suele hacerse cuando está tomada la decisión de sacarle el juicio al juez que entiende para asignarlo a otro”, consideraron los abogados Federico Rauch y Antonio Aciar, quienes iniciaron la demanda por protección de intereses difusos a fines de 2015.
Desde el blog donde informan sobre la causa los letrados acusaron ante la demora que “la jueza, que ha cumplido 75 años y debería retirarse como lo dispone la Constitución Nacional, ha tenido tiempo para aceptar la invitación del presidente Alberto Fernández a la constitución de un consejo asesor para la reforma judicial nacional integrado por su amiga y jueza del Superior Tribunal de Justicia fueguino, María del Battaini”.
“Salvo que los restantes miembros de la Corte tomen carta en el asunto y resuelvan devolverle el juicio a la justicia fueguina, el reclamo nunca será atendido y el abuso y apropiación de los beneficios económicos de la ley 19.640 por parte de las automotrices continuará y será impune”.
Los compradores sostienen que las fabricantes de autos se apropiaron de los beneficios impositivos establecidos en la ley de promoción económica y fiscal vigente en Tierra del Fuego, y comercializaron los vehículos a precios similares al resto del país, donde no rige la quita de impuestos. Las demandadas son Fiat, Ford, General Motors, PSA (Peugeot y Citroën), Renault, Volkswagen, Toyota y Honda.
Las empresas, según la demanda, deberían devolver una diferencia que oscila “entre el 25 y el 60%” del valor de cada auto, incluyendo operaciones realizadas desde 2001 hasta la actualidad, precisaron fuentes ligadas al caso.
La causa fue iniciada ante el Juzgado Civil 1 de Río Grande, a cargo de Horacio Boccardo, y desde entonces las automotrices realizaron diversas presentaciones para conseguir que sea derivada a la justicia federal. Alegaron que los jueces fueguinos no serían “imparciales”.
El juez Boccardo y luego la Cámara de Apelaciones de Río Grande rechazaron tal pretensión y ratificaron la competencia de la justicia de Tierra del Fuego.
La Cámara incluso denegó un recurso de casación para que el tema fuera tratado por el Superior Tribunal de Justicia fueguino, por lo que, tras un año de idas y venidas, el expediente regresó al juzgado de instrucción, hasta su traslado a la Corte Suprema a pedido de Ford.
Los abogados sostienen que es muy probable que la Corte haga lugar al pedido de Ford, apoyado por el Procurador Fiscal subrogante ante la Corte, y se limite a adherirse a su dictamen, que hace lugar al pedido de las automotrices de quitarle el expediente a la justicia de Tierra del Fuego y enviarlo a la Federal.
Los abogados subrayan: “El enorme esfuerzo y trabajo de quienes representamos a una porción considerable de los fueguinos y lo más importante, la esperanza de un pueblo en que se hiciera justicia en este reclamo, es tirado a la fosa de la impunidad y el silencio. Parece claro ante quiénes se inclina en este caso histórico la Corte Suprema Argentina. Y no es precisamente en favor de los fueguinos”.