BUENOS AIRES (NA).- El organización Amnistía Internacional le reclamó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “un debate serio” sobre el derecho a protesta y señaló “reiterados hechos de represión” registrados desde que asumió el presidente Mauricio Macri.
“Amnistía Internacional considera de suma importancia que se desarrolle un debate serio informado y participativo en torno al derecho a manifestarse y expresarse. Es imperioso examinar el marco jurídico actual que impacta en el ejercicio de este derecho”, señaló la organización en una carta que su directora ejecutiva, Mariela Belski, le envió a la ministra Bullrich tras al anuncio del protocolo para regular protestas sociales.
La organización le pidió a la funcionaria “revisar y armonizar normas existentes, como la Ley Antiterrorista o algunos artículos del Código Penal —tales como el 230 (sedición) o el 194 (entorpecimiento de servicios públicos)—, que tal como están redactados son interpretados muchas veces con el objetivo de limitar la libertad de expresión”.
“Amnistía Internacional viene documentando reiterados hechos de represión, uso abusivo de la fuerza y criminalización de la protesta social que resultan inadmisibles en un estado de derecho, respetuoso de los derechos humanos”, sostuvo.
Al respecto, recordó que “en diciembre de 2015 los trabajadores de Cresta Roja llevaron adelante una manifestación por el cobro de sus salarios adeudados y su continuidad laboral” y que “informes han indicado que Gendarmería ha hecho un uso desmedido de la fuerza, utilizando tanques hidrantes y balas de goma, que atentaron con la integridad física de personas”.
“En enero de 2016, imágenes que han tomado estado público, ilustraron la represión de Infantería dirigida contra trabajadores de la Municipalidad de La Plata utilizando gases y balas de goma al aire y a corta distancia de las personas”, indicó y agregó que “Amnistía Internacional ha hecho expresa su posición respecto de la criminalización dirigida contra Milagro Sala, sustentada de manera exclusiva en hacer ejercicio de su derecho a protestar”.
La organización le acercó a Bullrich un documento en el que “se desatacan los principios y estándares internacionales que regulan el derecho a la protesta social”, a los que la Argentina “se comprometió y obligó constitucionalmente” a cumplir.