En la primera de las dos jornadas que destinó el tribunal que sesiona en Uruguay, las dirigentes de la agrupación Memoria Activa cuestionaron con dureza el rol del Estado desde que estalló la mutual judía en 1994, en el peor ataque terrorista de la historia argentina.
BUENOS AIRES (NA).- Dos familiares de víctimas de la AMIA dijeron ayer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el único anhelo que sustentan es el de “alcanzar la verdad y la justicia” por el atentado ocurrido hace 28 años.
En la primera de las dos jornadas que destinó la Corte Internacional -que sesiona en Uruguay- al Caso AMIA, las dirigentes de la agrupación Memoria Activa Adriana Reisfeld y Diana Wassner cuestionaron con dureza el rol del Estado desde que estalló la mutual judía en 1994, en el peor ataque terrorista de la historia argentina.
Memoria Activa y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) llevaron el reclamo por la falta de esclarecimiento del atentado, la violación del derecho a la vida de las víctimas y el encubrimiento y la fallida investigación a la instancia internacional.
“Siento que esta es la última instancia a la que podemos recurrir con nuestra lucha. Ustedes son nuestra última esperanza; ha llegado el momento de soltar. Ya no hay más adónde recurrir con nuestro reclamo”, dijo emocionada ante el tribunal Diana Wassner, viuda de una de las 85 víctimas mortales del atentado.
Adriana Reisfeld, hermana de otra de las fallecidas, se ofuscó especialmente contra los representantes del Estado argentino presentes en la audiencia porque resolvieron no formular preguntas.
“Me da vergüenza que el Estado argentino no tenga preguntas para formularnos. Ellos son los que más deberían preguntarnos. Pero siempre fue así”, denunció.
Ambas coincidieron en reclamarle a la Corte IDH que “sancione fuertemente” al Estado argentino ordenándole “volver a iniciar la investigación desde cero” y –además- supervisando el cumplimiento de la sentencia.
En ese orden, recordaron que en 2015, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el Estado reconoció su responsabilidad y “se comprometió a nueve puntos, de los cuales prácticamente ninguno se cumplió”.
El Estado argentino, en efecto, reconoció su responsabilidad por la omisión de preservar la vida de las víctimas y por la falta de esclarecimiento del ataque, por lo que –de hecho- se encamina hacia una sanción por parte de la Corte IDH.
Las querellas pidieron además la digitalización total y el acceso a toda la documentación disponible sobre el atentado y fustigaron la actuación de la fiscalía especializada UFI AMIA, a la que definieron como “una fiscalía fantasma”.
La audiencia, que se celebra en Montevideo, continuará hoy con la exposición de tres peritos y los alegatos finales de las partes -la querella y el propio Estado- más un informe final de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de eso, el tribunal estará en condiciones de emitir su decisión.