A través de una demanda contra el Gobierno, un grupo de abogados solicitó que se dicte una medida autosatisfactiva y un amparo, que les permita volver a trabajar, considerando que el impedimento por ejercer la actividad “no solo está lesionando el acceso a la justicia de la mayoría de la población, sino que está lesionando y restringiendo gravemente nuestro derecho a trabajar y a ejercer una industria lícita”.
RIO GRANDE.- Un grupo de abogados presentó ante el Juzgado en lo Civil y Comercial un escrito en el cual piden el dictado de una medida autosatisfactiva, en contra del Gobierno de la provincia por “el grave daño actual que nos produce la lesión y restricción a nuestro derecho constitucional a trabajar y ejercer industria lícita”, establecido en la Constitución Nacional y Provincial.
Los abogados de la matrícula, firmantes del escrito, son: Rafael Diez, Gustavo García Casanovas, Francisco Giménez, Leonardo Plasenzotti, José Raúl Velazco, Martín Luft.
En la presentación solicitan al Juez que “ordene al demandado a autorizar la apertura de los Estudios Jurídicos establecidos en la ciudad de Río Grande”, entendiendo que existe para la actividad “un protocolo para los profesionales de la abogacía aprobado por el Comité de Operaciones de Emergencia (COE)” y no se halla entre las actividades específicamente prohibidas establecidas en el artículo 18 del DNU 677/20.
En el escrito los abogados solicitan además que el Juez tenga en cuenta, para la resolución de la presente demanda, si corresponde que la misma se tramite como una acción de amparo o algún otro tipo de proceso que el Magistrado considere aplicable.
Así, solicitan se dicte “una medida cautelar por la cual se autorice a los firmantes de la presente, conjuntamente con el resto de los estudios jurídicos establecidos en la ciudad de Río Grande, a que se reinicie su actividad profesional de manera inmediata con la reapertura de sus estudios y oficinas jurídicas”, en los mismos términos que se permite el funcionamiento de las escribanías.
En el escrito puntualizan que los abogados de Río Grande “podemos desarrollar por vía informática nuestra actividad profesional, pero no podemos acceder a nuestras oficina en nuestros estudios jurídicos, donde tenemos nuestros archivos, nuestra computadoras, nuestros libros, nuestras carpetas y nuestro ámbito de trabajo, todos los firmantes de la presente, desde hace como mínimo 25 años”.
Advierten que “de recibir una notificación en un juicio un abogado no puede acceder a su oficina para tener sus archivos, carpetas, libros y apuntes para contestarla, lo que lo pone en un evidente desequilibrio con aquel que sií puede tener acceso. Asimismo, con el alto nivel de pobreza que atraviesa nuestra ciudad, no todos los justiciable cuentan con los remedios tecnológicos que pudieran acercarlo a su abogado sin acudir a su oficina”.
Plantean que “casi toda la gente podría llamar a su abogado por teléfono celular, pero no todos tienen celulares de alta gama o conocimiento para su manejo, que le permitan enviarle un documento a su abogado de confianza, recibir un mail, imprimir una carta documento, o alguna de las muchas otras actividades que un justiciable debe realizar con su profesional de confianza”.
Lesiona el servicio de justicia
En otro tramo de la presentación formulada por los abogados, subrayan que “la falta de autorización a la apertura de nuestros estudios jurídicos u oficinas como excepción, lo que el Poder Ejecutivo Provincial si ha otorgada a otras actividades comerciales, industriales y de servicios, no solo está lesionando el acceso a la justicia de la mayoría de la población, sino que está lesionando y restringiendo gravemente nuestro derecho a trabajar y a ejercer una industria lícita, ya que limita la posibilidad de acceso a los elementos indispensables para el desarrollo de la misma, quitándosenos por otra parte la posibilidad de, cumpliendo a rajatabla el protocolo, encontrarnos con nuestros clientes, con su documentación y con la posibilidad de cobrar nuestros honorarios profesionales”.
“Por ello es que nuestra actividad profesional resulta indispensable y de fuerza mayor ya que nuestros códigos procesales establecen que es solo con participación de profesionales del derecho los justiciables pueden acceder a la jurisdicción”, resaltan los letrados.
Advierten en el escrito que “existen más de 360 abogados matriculados en el Colegio Público de Abogados de Río Grande, la mayoría de los cuales no se encuentra trabajando en relación de dependencia ni con entes públicos ni con empresas privadas, ni prestando asesoramientos pagos de retribución mensual, por lo que imposibilidad de trabajo desde el día 13 de marzo hasta la actualidad, esto es cinco meses, a salvo del interregno de dos semanas en que se nos permitió trabajar con el protocolo para profesionales abogados, ha generado una situación económica desastrosa para la mayoría de los colegas, muchos con cargas de familia y muchos sin un desarrollo profesional de largos años que, quizás, les hubiera permitido generar ahorros previos para soportar este duro momento”.