La Senadora fueguina Cristina López dijo que Pablo Blanco y Santiago Pauli son «cómplices» del cierre de Vialidad Nacional, del Instituto Nacional del Cáncer y de la desregulación del precio del gas en garrafa, entre otros.
USHUAIA.- Al cumplirse un año de la sanción de la Ley Bases y las facultades delegadas otorgadas al presidente Javier Milei, la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, cuestionó con dureza las “consecuencias devastadoras” que tuvo esa decisión sobre el Estado, los derechos de la ciudadanía y la soberanía nacional.
Apuntó contra el senador Pablo Blanco y el diputado Santiago Pauli que votaron a favor, a quienes calificó de «cómplices».
«Le dieron poderes extraordinarios al gobierno más cruel de nuestra historia. Sabían lo que hacían. Sabían que estaban entregando el futuro del país a un grupo de fanáticos, de empresarios especuladores, de destructores seriales del Estado. Hoy, a la vista de todos, las consecuencias son brutales: hambre, represión, desempleo, entrega y muerte», reclamó López.
La Senadora fueguina denunció que el gobierno nacional utilizó esas facultades para «liquidar y cerrar» instituciones claves del sistema de salud, la ciencia, la seguridad vial, el desarrollo tecnológico y la soberanía energética.
«Si hoy el gobierno nacional puede eliminar Vialidad Nacional es porque Blanco y Pauli votaron la Ley de Bases. La eliminación del Instituto Nacional del Cáncer y el de Enfermedades Cardiovasculares fue posible por la complicidad de Blanco y Pauli. La desregulación del precio del gas en garrafa también es culpa de Blanco y Pauli», enumeró.
«Cuando alguno de esos políticos te diga que es opositor, fijate si antes pidió perdón. Porque si no lo hizo, sigue siendo cómplice de cada cierre, cada recorte y cada vida puesta en riesgo», agregó.
Para López, «todas y todos los que le votaron la Ley de Bases y las facultades delegadas a Milei son cómplices de la destrucción. Milei es tan responsable de la disolución del Instituto del Cáncer como los que le dieron las facultades delegadas para que lo disuelva», afirmó.
Cristina López también advirtió que, bajo esas atribuciones excepcionales, el gobierno avanzó con decretos que vulneran derechos y garantías básicas, como la posibilidad de detener a personas de manera ilegal.
«Ya ni siquiera disimulan: cambian las leyes a su antojo para modificar el Estado de Derecho. Hay que juzgar políticamente a los responsables de esta barbaridad. Todos los diputados y senadores que votaron esa ley deben ser juzgados como traidores a la patria. No es una metáfora. Lo que hicieron fue entregarle el Estado a un grupo que vino a hacer negocios y a terminar con las libertades individuales. No son errores: son crímenes políticos y sociales», sostuvo.
Finalmente, Cristina López pidió recuperar la memoria y no caer en el relato de una oposición «light» que ahora se despega de las consecuencias que ayudó a desatar: «En el último día de facultades delegadas, como un manotazo de ahogado, destruyeron más funciones del Estado. Cierran agencias que reparan rutas, que educan en seguridad vial, que investigan cómo prevenir el cáncer o enfrentar una epidemia. Lo que vivimos no es un plan de gobierno: es una operación de crueldad, brutalidad y negocios privados para pocos», concluyó.