Mientras el Parlamento fueguino continúa debatiendo varios proyectos en comisión ya tiene fecha la próxima sesión ordinaria, que fue anunciada para el miércoles 30 de abril.
USHUAIA.- El vicepresidente 2º a cargo de la Presidencia del Poder Legislativo, legislador Federico Sciurano, fijó fecha para la próxima sesión ordinaria que tendrá lugar el miércoles 30 de abril desde las 10:00.
La medida fue establecida mediante Resolución Nº 121, donde se determinó además que el cierre para la recepción de asuntos operará este viernes 25 a las 12:00 y la Comisión de Labor Parlamentaria se reunirá el lunes 28 desde las 14:00 en sede de la Presidencia para fijar el orden del día.
Uno de los temas más importantes que espera resolución en la próxima sesión ordinaria es la emergencia económica y financiera de la OSEF, con varias propuestas que se están analizando en comisión y promueven la modificación de la Ley N° 1071.
Para llegar a una respuesta consensuada, la Legislatura ha dado participación a los sectores involucrados para escuchar sus opiniones y mañana está prevista una nueva reunión de comisión donde comenzarán a evaluarse todos los proyectos presentados por los bloques legislativos.
Dentro de esa batería de proyectos fue incluido el proyecto de reforma de la Ley 1071, reingresado por el bloque Somos Fueguinos.
Impulsado por los legisladores Raúl Von Der Thusen y Jorge Lechman, el proyecto que reforma la Ley 1071 —redactado por trabajadores estatales, sindicatos y jubilados en 2021— llegará este jueves a la comisión conjunta de Salud Pública y Presupuesto.
El asunto 500/24 nació en 2021 en los gremios estatales y centros de jubilados, pero la mayoría oficialista lo dejó archivado. Ahora vuelve a escena mientras la Obra Social del Estado Fueguino acumula deudas millonarias y una larga lista de denuncias por desmanejo de fondos públicos presentadas por los propios trabajadores.
El texto propone auditorías externas, balances públicos trimestrales, mayor representación de activos y pasivos en el directorio y la creación de un fondo de urgencia para pagar a clínicas y farmacias y evitar nuevas interrupciones en la atención. Para los trabajadores y jubilados, la crisis es esencialmente administrativa: los aportes de afiliados y empleadores serían suficientes si la conducción utilizara los recursos con criterios de transparencia y control.
El oficialismo, que hasta ahora mantuvo la iniciativa fuera del temario, deberá explicar por qué el proyecto nunca avanzó pese a haber sido reingresado a mitad de 2024 por Von Der Thusen.