La
Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia determinó este
viernes que la causa en que se investigan las torturas cometidas por
miembros de las Fuerzas Armadas Argentinas en perjuicio de los
soldados conscriptos durante la guerra de Malvinas debe continuar su
trámite. De esta manera confirmó la resolución del juez de primera
instancia de la ciudad de Ushuaia, Federico Calvete, quien ya había
rechazado las pretensiones de la defensa de Jorge Eduardo Taranto.
Con esta medida la Justicia tiene elementos suficientes para avanzar
en las solicitudes de detención y llamado a prestar declaración
indagatoria de 26 denunciados, presentadas en mayo de 2018 por el
fiscal Federal, Marcelo Rapoport.
La medida fue tomada en el marco de los recursos de apelación presentados por la defensa del denunciado Jorge Eduardo Taranto, quien además había objetado la calidad de querellante del Centro de Excombatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM).
Al respecto, por mayoría, los magistrados expresaron que: “Tal es la tendencia jurisprudencial que se inclina a mantener la acción penal en aquellos casos en que se alega la comisión de crímenes contra la humanidad, mientras haya una probabilidad razonable de que los hechos sobre la base de los cuales se postula la imprescriptibilidad encuadren en tal categoría.” (Expte. FCR 63001777/2007/2/CA1). Y, en el expediente en que se trató la calidad de querellante del CECIM, añadieron: “En el caso justamente la inclusión o no de los hechos en la categoría de delitos de lesa humanidad resulta objeto de debate, derivándose de allí el interés de los querellantes. Y aún cuando la respuesta no fuera afirmativa, se encuentra fuera de discusión que los hechos denunciados constituyen graves violaciones a los derechos humanos.” (Expte. FCR 63001777/2007/3/CA2).
Lo dispuso la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia.
De esta forma, la Cámara confirmó la resolución del juez de primera instancia de la ciudad de Ushuaia, Federico Calvete, quien ya había rechazado las pretensiones de la defensa de Taranto. En dicho sentido, y con la confirmación de la alzada, el Magistrado deberá avanzar en las solicitudes de detención y llamado a prestar declaración indagatoria de 26 denunciados, presentadas en mayo de 2018 por el fiscal Federal, Marcelo Rapoport.
La Causa 1.777/07
La causa 1.777/07 que reúne las denuncias de soldados excombatientes contra los propios oficiales y suboficiales que participaron en la guerra que libró Argentina contra el Reino Unido de Gran Bretaña entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, se inició ante el Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Río Grande, Tierra del Fuego, en el año 2007. A la fecha se han presentado 120 denuncias, que alcanzan a 95 militares de las Fuerzas Armadas, por la presunta comisión de torturas, pasibles de ser caracterizadas como crímenes de lesa humanidad en, al menos, 105 casos. Asimismo, con los avances efectivos que se han dado este año, han sido múltiples las consultas al organismo por parte de exsoldados que aún no han realizado su denuncia.
En 2009, el exmilitar Jorge Eduardo Taranto, uno de los acusados en esta causa, presentó un recurso para pedir la prescripción de los delitos que se le imputaban en una denuncia presentada por un exsoldado.
Ese pedido se rechazó en el juzgado y la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia convalidó esa decisión al establecer que los hechos denunciados debía ser procesados como delitos de lesa humanidad.
Pero dos años más tarde, la Sala I de la Cámara de Casación validó el pedido de Taranto y en febrero de 2015 la Corte ratificó ese criterio, ante lo cual los veteranos de guerra de La Plata decidieron presentar un recurso ante la CIDH para evitar que se siente un precedente que haga caer la causa.