10 mil hectáreas a manos privadas

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Fue aprobada la adjudicación de 10 mil hectáreas de tierras de una reserva natural a manos privadas. En una decisión adoptada por los legisladores oficialistas se procedió a ratificar el decreto del Poder Ejecutivo por el cual adjudica 10 mil hectáreas de tierras de la reserva natural Corazón de la Isla a favor de la empresaria Mirna Antunovic de Bridge. El MPF y la UCR-Cambiemos votaron en contra.

Los legisladores oficialistas sancionaron con su voto la ratificación del decreto de adjudicación de tierras de una reserva natural.

USHUAIA.- Ayer, en la sesión especial convocada para definir el tratamiento del decreto provincial 620/16 sobre la adquisición del dominio particular de tierras fiscales a favor de la señora Mirna Antunovic, el oficialismo hizo pesar su condición de primera mayoría y logró sanción definitiva.
El asunto no contaba con dictamen de las comisiones en que fue analizado, pero ayer, los legisladores comenzaron el encuentro constituyendo la cámara en comisión donde surgieron dos dictámenes, uno en mayoría, ratificando el decreto y otro en minoría, rechazando esa herramienta legal.
Luego de un largo debate, el proyecto de ratificación del decreto fue sometido a consideración y resultó aprobado por mayoría, con la negativa de los parlamentarios de la oposición.
El decreto 620/16 dispone “hacer lugar a la pretensión de adquisición del dominio particular de tierras fiscales a favor de la señora Mirna Telma Antunovic, bajo la modalidad de regularización de antiguas ocupaciones”.
Son 10.000 hectáreas que se encuentran dentro de la reserva natural Corazón de la Isla.

Fallo judicial
Desde el Ejecutivo de la Provincia se difundió ayer un comunicado explicando que el decreto ratificado cumple con dos fallos del máximo órgano judicial de la provincia: sobre el trámite contencioso administrativo y sobre la ejecución de la sentencia, sentencias que en ambos casos fueron favorables a la demandante.
De esta manera, queda resuelta una controversia que podía derivar en un conflicto institucional aún mayor, en caso de que el Gobierno se negara a cumplir con una sentencia dictada por el más alto tribunal de justicia provincial.

Actitud responsable
La legisladora oficialista Myriam Martínez destacó que “se trata de una orden judicial que obligaba a la provincia a su cumplimiento. No se trata de un fallo ambiguo ni que deje lugar a dudas sobre lo que ordena”.
Martínez justició la sanción del asunto indicando que “la actitud responsable del Poder Legislativo es una muestra de la seguridad jurídica que impera en nuestra provincia, con la debida separación de cada uno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial”.