El juez de Familia de Ushuaia, Marcos Mellién, fue defendido por sus pares frente a la advertencia que le hizo una Magistrada de Chaco quien lo criticó por la falta de celeridad en resolver un pedido de Carla Kirstein, la mujer víctima de violencia por parte de su esposo, el relator del STJ, Marcelo Damián Guzmán.
USHUAIA.- La Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tierra del Fuego salió rápidamente a defender el accionar del juez de Familia de Ushuaia, Marcos Mellién, quien fue blanco de severas críticas por parte de su par de la ciudad de Villa Ángela (Chaco), Laura Verónica Buyatti, frente a la falta de celeridad en el pedido de Carla Kirstein de que se le permita viajar con su hija menor, luego de denunciar los graves hechos de violencia física y psicológica, acusando de ello a su esposo, el relator del Superior Tribunal de Justicia, Marcelo Damián Guzmán.
Lo que llama la atención es que la misma Asociación nada dice sobre la grave denuncia que pesa sobre de uno de los suyos, ya que el relator Marcelo Damián Guzmán tiene el rango de juez y sobre ello no se refirieron en su comunicado, guardando silencio desde que el caso tomó trascendencia pública, el pasado 14 de agosto, con la difusión del video de la víctima.
Y lo que más sorprende es que en su defensa al juez Mellién (cuestionado ya en otra causa anterior, por la situación de una menor), en uno de los párrafos del comunicado le recuerdan a la jueza Laura Verónica Buyatti que “siendo el respeto de la ley el pilar básico sobre el que se asienta el mecanismo de convivencia social, quienes tenemos la misión de cumplir una función judicial debemos dar ejemplo de ello, lo cual resulta contrapuesto con las actitudes observadas…”. Ahora bien, ¿por qué esto mismo no se le exige al relator Marcelo Damián Guzmán?
El texto completo del comunicado, es el siguiente:
La Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, se solidariza con el juez Marco Mellien, en virtud de las graves e injustas descalificaciones públicas sufridas en los últimos días por parte de una jueza de Villa Angela, provincia del Chaco.
Además, observamos con suma preocupación la indebida intromisión de un magistrado extraño a la jurisdicción provincial en las tareas propias e inherentes a este ámbito a través de la prensa, lo que a su vez, implica una inaceptable invasión al poder soberano del Pueblo de esta Provincia, que ha delegado en su Poder Judicial la alta misión de dar solución a los conflictos sociales que aquí corresponde conocer, con la única excepción de la competencia federal que, evidentemente, no resulta aplicable al caso tratado.
Por otra parte, es de destacar que, siendo el respeto de la ley el pilar básico sobre el que se asienta el mecanismo de convivencia social, quienes tenemos la misión de cumplir una función judicial, debemos dar ejemplo de ello, lo cual resulta contrapuesto con las actitudes observadas, e impone que, desde esta Asociación hagamos un llamado a la reflexión para que la jueza de mención encauce su proceder de un modo compatible con el respeto de la forma Federal, Republicana y Democrática de gobierno prevista en la Constitución Nacional.
A su vez, también es de hacer mención que la prepotencia y la arrogancia, nunca pueden gobernar la relación entre colegas; precisamente, porque es inherente a nuestra misión y función, conducir y encarrilar los conflictos en el sendero de la ley; todo, librado de sobre-actuaciones que solo satisfacen el ego de quienes proceden de esa manera; siendo el respeto, la consideración y el reconocimiento de la dignidad del otro, herramientas imprescindibles para la construcción de la paz social, misión última del derecho; máxime en el caso, en el cual nuestro compañero ha actuado con suma diligencia y aplicando las medidas de protección que la situación merecía.
Así también, es de destacar que el mantenimiento del equilibrio emocional y la coherencia, conforman herramientas indispensables para preservar la lucidez intelectual necesaria para enarbolar las banderas de la lucha por los derechos de las personas que más lo necesitan, en pos de lograr una real igualdad entre los miembros de la sociedad.
Julián De Martino (presidente), Felicitas Maiztegui Marcó (vicepresidente) y María Eugenia Díaz (vicepresidenta segunda).