Todo lo tratado entre el Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego y la Cancillería

Aunque sin coincidencias entre la política descripta por la Cancillería argentina en materia de Relaciones Exteriores y las fundamentadas opiniones de los miembros del Observatorio de Tierra del Fuego con relación a la Cuestión Malvinas, se logró abrir una importante y madura agenda de diálogo y de trabajo que permitirá nuevos encuentros a donde los fueguinos fueron invitados a elevar proyectos, con el propósito de buscar objetivos conjuntos que permitan avanzar en la recuperación pacífica de las islas usurpadas desde 1983.

El pasado martes 10 se abrió un proceso de diálogo entre el Observatorio Malvinas y funcionarios de la Cancillería, donde se conocieron los objetivos que persigue el gobierno del presidente Mauricio Macri para con Gran Bretaña, ante la existencia de una usurpación colonial que tiene epicentro en las Islas Malvinas y que se expande hacia el sur abarcando el sector antártico argentino.

Realizada en el edificio de la Cancillería y por gestión del concejal Tomás Bertotto, la audiencia fue encabezada por la subsecretaria de Malvinas Teresa Kralikas, el director de la misma área Osvaldo Mársico, el subsecretario de Relaciones Institucionales Tomás Kroyer y funcionarios competentes en materia pesquera e hidrocarburos. Contando con la presencia, además; del diputado Nacional Héctor Stefani.

En la apertura, Kralikas explicó que la política trazada por el Presidente de la Nación se sustenta en el entendimiento que, durante los 12 años del kirchnerismo se llevó a cabo una acción “agresiva y confrontativa” con Gran Bretaña; que no permitió avanzar en la recuperación de Malvinas. Por lo que el objetivo de esta gestión se sustenta a través de “un nuevo camino de diálogo” que tiene como base el mismo “paraguas de soberanía” que el gobierno de Carlos Menem acordó en 1989 y 1990 mediante los ACUERDOS DE MADRID, donde se establecieron las condiciones que dieron fin a la guerra de 1982, y a raíz de los cuales, los únicos beneficiados fueron los ingleses.

Ejemplificando como un resultado positivo lo que ellos consideran como un logro del “dialoguismo”, la subsecretaria se adjudicó la identificación de los héroes enterrados sin nombre en el cementerio de Darwin. Postura que fue rebatida por la comitiva fueguina al detallar que el proceso de recuperación de la identidad es anterior a la asunción del actual presidente y que el Estado Nacional acordó con la Cruz Roja Internacional en 2012, no por iniciativa de la anterior gestión gubernamental; sino por el reclamo de los familiares y de los combatientes. Por lo que se le pidió no utilizar la memoria y el dolor de los muertos por la patria para justificar negocios comerciales con Inglaterra que significan la consolidación colonial en el Atlántico Sur.

Ante la consulta, la funcionaria desmintió que las acciones diplomáticas no vinieran siendo informadas a la gobernadora Rosana Bertone. Dijo que ello está demostrado por la asistencia conjunta a las sesiones del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y porque la mandataria tiene las puertas abiertas de la Cancillería. A lo que el concejal Bertotto posteriormente agregó, que la Gobernadora había sido invitada a la audiencia, sin que hubiera recibido respuesta.

Reafirmando la política dialoguista, confirmaron que en la reunión del subcomité de pesca de mayo estuvieron presentes, además de representantes argentinos y británicos, miembros del ilegítimo gobierno de Malvinas; que se está definiendo la incorporación de un nuevo vuelo a las islas con escala en el continente, del cual se argumentó, generará “beneficios económicos a los argentinos” y que además; se envió al Congreso la ratificación del CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO firmado en 1966. Asuntos que congregaron la oposición de los consejeros fueguinos. Principalmente del último, que podría darle rango de ESTADO RIBEREÑO a Gran Bretaña en los espacios usurpados y explotados en el Atlántico Sur y disolver los argumentos jurídicos argentinos en materia de defensa de soberanía.

Sin que fuera consultada, Kralikas indicó que el inciso 3. del Artículo 3 de la Ley Provincial N° 1222 que creó la Secretaría de Estado para la Cuestión Malvinas, que ocupa Jorge Argüello, “es inconstitucional”; dado que concede funciones que son propias del Poder Ejecutivo Nacional y no de la Provincia, por lo cual se está esperando un dictamen de la Procuraduría General del Tesoro. Asunto que los consejeros se comprometieron en transmitir de inmediato a la Gobernadora.

Por otro lado, los fueguinos pidieron conocer el contenido de los acuerdos bilaterales firmados también en mayo último por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Boris Johnson, los cuales podrían contener aspectos ligados al patrullaje conjunto en el Atlántico Sur. A lo que Kralikas dijo desconocer, dado que corresponden a otro ministerio y no al suyo.

Los funcionarios nacionales minimizaron el avance británico en materia de hidrocarburos. Dijeron que el proceso extractivo era muy poco posible debido al alto costo que significaría su explotación y el bajo precio internacional del crudo, considerando que el objetivo de las empresas inglesas es de especulación financiera, que tiene su eje a través de una engañosa campaña de prensa y no en acciones ejecutivas concretas. Cuestión que nuevamente congregó la negativa de parte de los fueguinos.

Sosteniendo su postura a partir de la información difundida por las petroleras, la comitiva advirtió sobre el peligro ambiental que significaría un proceso extractivo en aguas del Atlántico Sur, debido a la dirección y velocidad que poseen las corrientes marinas, más aún teniendo como antecedentes lo ocurrido en el golfo de México en abril de 2010, cuando una operadora de la British Petroleum generó uno de los desastres ambientales más importantes de la historia. Los diplomáticos no compartieron dicha preocupación dado que, según afirmaron; la corriente no se dirige hacia el sector del continente.

Los diplomáticos fueron consultados también sobre la marcha de la CAUSA N° 5183/15 mediante la cual, la exjueza federal de Río Grande Lilian Herráez dictó medidas cautelares y ordenó embargos internacionales de bienes por un monto de 156.4 millones de dólares, sobre la cual la Cancillería debía enviar exhortos internacionales. Al respecto los funcionarios informaron que remitieron nuevamente la documentación al juzgado, porque la misma contenía expresiones que antes de fijar la posición de pertenencia argentina sobre las islas, las deslegitimaba y que, a la fecha, no habían tenido devolución. Razón esta que los consejeros asumieron el compromiso de consultar a la mayor brevedad al juzgado de origen.

Asimismo, los miembros del Observatorio pidieron que se le ponga énfasis al rechazo a los ejercicios militares y a la militarización británica de las Islas, que se respete la Constitución Nacional y que todos los acuerdos y convenios que signifiquen compromisos bilaterales entre gran Bretaña y Argentina, desde el PACTO FORADORI DUNCAN hacia adelante; sean enviados al Congreso de la Nación. Pedido que se complementó con una solicitud expresa de no reglamentar el ACUERDO DE NUEVA YORK en materia de pesca del año 1995, aprobado mediante la Ley N° 25.290 y menos aún avanzar con el CONVENIO PARA LA CONSERVACIÓN DEL ATÚN ATLÁNTICO firmado en 1966. Reclamos que en su mayoría no fueron respondidos y para el caso del atún, minimizado por parte de los funcionarios de Cancillería, aunque sí tuvieron como contrapartida la invitación a nuevos encuentros para elevar proyectos concretos y propuestas.

Casi al final de la audiencia la Subsecretaria consultó cuál sería una de las propuestas que evalúan los fueguinos para lograr la recuperación de las islas, a lo que se le respondió: “derogar los ACUERDOS DE MADRID”. Por lo que Kralikas manifestó que si así fuera, los argentinos “estaríamos reconociendo que perdimos la guerra” de 1982.

La audiencia estuvo encabezada por el vicepresidente del organismo Andrés Dachary e integrada por los miembros Tomás Bertotto, Sergio Araque, Miriam Mora, Moisés Solorza, Federico Greve, Carolina Lavori, Daniel Guzmán y el asesor y peticionante argentino ante el Comité de Descolonización de Naciones Unidas Alejandro Betts.