El abogado Francisco “Paco” Giménez tildó de “inconstitucional” el proyecto del legislador Damián Löffler (MPF), que propone suspender las leyes de emergencia y reforma previsional por noventa días. Para el letrado, la iniciativa carece de sustento “legal y jurídico”, entendiendo que solo se trata de “un proyecto demagógico para congraciarse con los sindicalistas”.
RIO GRANDE.- “El proyecto se tiene que entender como un deseo de lograr la palmeada fácil en la espalda de los sindicalistas”. Así resumió el abogado Francisco “Paco” Giménez la propuesta del legislador Damián Löffler de suspender por 90 días las leyes de emergencia y reforma previsional del IPAUSS.
Para Giménez, la iniciativa “no tiene ningún asidero legal y jurídico, y como decimos los abogados no pasa el filtro de constitucionalidad en la Justicia”.
“Esto significa que se trata de un proyecto que, en caso de convertirse en ley, sería cuestionado jurídicamente y de ninguna manera podría tener vigencia porque es claramente inconstitucional”, enfatizó.
En diálogo con El Sureño, el letrado riograndense explicó que “si bien una ley puede suspender la vigencia de otra, lo que no se puede es supeditar la vigencia o no de una ley a las conductas posteriores que puedan tener las corporaciones del sindicalismo estatal”, especificando que el proyecto del legislador del MPF “sostiene que si no se alcanza el consenso dentro de los 90 días de negociación automáticamente las leyes de emergencia y reforma previsional quedarían derogadas”.
De esta manera, “si cualquier sindicalista decidiera no sentarse a esta mesa de diálogo o, al menos uno de ellos se retira de esta negociación, las leyes caen y quedan derogadas, lo que resulta inadmisible en el diseño constitucional de la Provincia”.
“Los únicos que pueden sancionar, modificar o derogar leyes son los legisladores y no los sindicalistas o las corporaciones sindicales como en este caso”, agregó.
Demagogia
Giménez consideró que la propuesta del Movimiento Popular Fueguino “tiene una clara finalidad política, que es congraciarse con un sector de la dirigencia gremial”, opinando que el proyecto “solamente busca obtener un pase vip a las carpas del sindicalismo y poder entrar esgrimiendo ese proyecto de ley”.
“Descarto que desde el partido que lo propone saben perfectamente que ese proyecto no tiene ningún sustento legal, porque una ley de la Legislatura no puede obligar a otro poder del Estado a mantener una negociación y son facultades propias del Poder Ejecutivo decidir en qué momento se sienta a negociar y decidir quiénes son sus interlocutores”.
Para el abogado, la propuesta tiene un agregado de mayor gravedad al estipular que “si no se llega a un consenso y el Poder Ejecutivo no accede a las demandas las leyes quedan derogadas, lo cual representa una clara amenaza”.
Giménez sostuvo que “hubiese sido más sincero y sano para todos si el proyecto tenía solamente dos artículos; uno pidiendo la derogación de las normas y el segundo, de forma, pidiendo que se publique y se archive”.
“Tiene una clara connotación política que no ayuda a superar la situación de la Provincia, donde toda la clase política es mayormente responsable, o por lo menos la clase política que ha venido gobernando la Provincia en los últimos años o han ocupado cargos de legisladores o dentro del Ejecutivo; de modo que el proyecto se tiene que entender como un deseo de congraciarse y la palmeada fácil en la espalda de los sindicalistas, más allá de lo justo o no del reclamo, sobre lo que no hago juicio de valor”, concluyó.
