RIO GRANDE.- Tras la decisión de la Legislatura de Tierra del Fuego de instaurar controles de consumo de sustancias prohibidas en el ámbito de la dirigencia política provincial, y con un proyecto de similares características a nivel local presentado por el edil Paulino Rossi, el titular del Concejo Deliberante de Río Grande, Alejandro Nogar, avaló la propuesta de su par y propuso una serie de modificaciones y agregados para que el proyecto no naufrague aun siendo aprobado en sesión.
En su iniciativa, Nogar propone realizar los controles dos veces al año, de forma aleatoria y sorpresiva y que se realicen en el ámbito del área de Salud del Municipio de Río Grande, con costo absorbido por los funcionarios evaluados.
“Avalamos el proyecto nos parece necesario y queremos que se implemente de forma correcta, para que no pase como con muchas otras ordenanzas que se aprueban y que después, por diferentes cuestiones, son impracticables”, aclaró Nogar.
Asimismo, explicó que “lo primero que consideramos con mis asesores es que los controles deben realizarse en la órbita de la Secretaría de Salud de Tierra del Fuego que cuenta con los profesionales y los recursos para hacer los test de sustancias prohibidas”.
“Además, proponemos que se realicen dos veces al año, de forma sorpresiva y aleatoria. De esa forma, el funcionario nunca puede saber cuándo le va a tocar el examen: puede tocarle hacerse el testeo dos meses seguidos o con 11 meses de diferencia, sin que lo sepa hasta el momento en que es requerido el control”, explicó sobre otro de los aspectos salientes del proyecto.
Por otra parte, si prosperara el proyecto de Alejandro Nogar, serían muchos más los funcionarios que deberían hacerse los controles antidóping: “Nosotros, en el Concejo Deliberante, proponemos que el secretario legislativo y el secretario administrativo también tengan que hacerse los controles y en el ámbito del Tribunal de Cuentas, sumamos a los vocales y a los relatores”.
Por otra parte, el proyecto del titular del Parlamento local contempla que los gastos devenidos de los dos controles sean absorbidos por los propios funcionarios “ya que nos parece justo que cada uno tenga que pagarlo de su propio bolsillo”.