Se trata del subcomisario Eric Paredes quien desde el año pasado está bajo proceso judicial. Maximiliano Palladino, abogado de la denunciante, dijo que el regreso del oficial “implicaría una revictimización intolerable”.
RIO GRANDE.- Ante las versiones que circulan de que el subcomisario Eric Gonzalo Paredes podría retornar al servicio activo en la Policía de la Provincia, utilizando una tobillera electrónica para su monitoreo; generó enorme preocupación en la víctima (integrante de la fuerza policial) y, a su vez, genera un antecedente insólito en la provincia.
Eric Gonzalo Paredes está imputado en una causa por violencia de género, lesiones agravadas y privación ilegítima de la libertad. En febrero del año pasado estuvo detenido, hasta que en septiembre se le otorgó el beneficio de la excarcelación, mientras espera el proceso para ser llevado a juicio oral. Desde ese entonces hasta ahora la Justicia sigue demorando la causa.
En el caso, la víctima, su expareja, tiene que utilizar un botón antipánico para advertir si Paredes se le acerca a menos de 500 metros.
Ahora, ante la posibilidad que el Subcomisario sea incorporado a la actividad, por decisión de la Jefatura de Policía, nuevamente se abre una alarma en la víctima ya que ambos comparten el mismo ámbito laboral y se corre el riesgo que se puedan cruzar, lo que representaría una revictimización para la denunciante.
Para el abogado de la víctima, doctor Maximiliano Palladino, “la reincorporación de Paredes sería más que un error administrativo. Es una bomba de tiempo que no sólo pone en riesgo a su víctima, sino que deja al descubierto un sistema policial incapaz de garantizar lo más básico: Que un agresor no tenga poder sobre la persona a la que violentó”.
“Esta situación constituye una revictimización intolerable que expone no solo a ella, sino a todas las mujeres que creen en el Estado como garante de protección”, subrayó el abogado.
Presentación en Tribunales
El doctor Maximiliano Palladino dijo que, de concretarse la posibilidad que Paredes vuelva a la fuerza policial, sería una “insólita situación que no solo expondría el nivel de contradicción institucional, sino que abre la puerta a un escenario tragicómico peligroso: El agente, que debería ser controlado para no acercarse a su víctima, podría terminar asignado a la mismísima división que monitorea estos dispositivos. Es decir, podría llegar al colmo de controlarse a sí mismo”.
El abogado de la víctima hizo saber al Tribunal -que tiene la causa contra Paredes- que la reincorporación del oficial denunciado “implicaría una revictimización intolerable: podría cruzarse con su agresor en el trabajo o verse obligada a tener que tratarlo en el ámbito laboral”.
“Se podría llegar al absurdo de que Paredes esté en el Centro de Monitoreo y Seguimiento Electrónico, controlando su propia tobillera”, denunció el abogado que asiste a la víctima. Y no es exageración: El escrito judicial presentado lo deja claro, alertando que el regreso de Paredes a la fuerza viola todas las medidas de protección dispuestas por la Justicia como así también la normativa que prohíbe la revictimización de toda mujer víctima de violencia de género”.
El doctor Palladino se preguntó: “¿Quién protege a las víctimas?”, indicando que, mientras el “Estado se llena la boca hablando de perspectiva de género, en los hechos pondría a un imputado por graves hechos de violencia de género a compartir la misma institución y espacios con su víctima, en un claro ejercicio de violencia institucional”.
Además, se preguntó: “¿Qué confianza puede tener la sociedad en una fuerza de seguridad que le devuelve el arma y la chapa a un acusado de agredir a su pareja, permitiéndole además acceder a los sistemas que controlan las medidas que deberían restringirlo?”.