El Concejal sostuvo ante sus pares y todos los vecinos que presenciaron la sesión que el cheque no es tal y que se trata de un comprobante de un plazo fijo que tiene como ahorros, que la suma que surge allí corresponde a dólares que fue comprando de esa moneda cuando costaba entre 14 y 15 pesos.
USHUAIA.- La sesión ordinaria de ayer, que se realizó en el barrio La Cantera, tuvo como detalle singular la decisión del presidente del Concejo Deliberante, Juan Carlos Pino, de aclarar la situación de un supuesto cheque por más de 65 mil dólares, que estaba entre las pertenencias que le fueron devueltas, junto a una billetera que había extraviado.
El Concejal sostuvo ante sus pares y todos los vecinos que presenciaron la sesión que el cheque no es tal y que se trata de un comprobante de un plazo fijo que tiene como ahorros, que la suma que surge allí corresponde a dólares que fue comprando de esa moneda cuando costaba entre 14 y 15 pesos.
En la apertura de la sexta sesión ordinaria, Juan Carlos Pino solicitó apartarse del reglamento interno para referirse a los hechos. Al respecto dijo: “No tengo absolutamente nada que ocultar respecto de esto porque proviene de la caja de ahorro sueldo. Voy a poner a consideración de la comunidad y de la justicia toda la información, y sé de mi responsabilidad como funcionario, por eso desde el primer día estuve a disposición de los medios para responder todas las preguntas al respecto”.
El presidente del Concejo Deliberante disipó dudas sobre el “comprobante bancario”, y aclaró que “no es un cheque, tiene que ver con un comprobante de plazo fijo de hace muchos años que se inició con una caja de ahorros, cuando el dólar estaba entre 14 y 15 pesos”.
El concejal señaló que “no ha sido una semana agradable; se dice mucho, quizás por desconocimiento, sin que eso que se dice guarde relación con la realidad. Yo he pedido resumen bancario de todos mis movimientos de la caja de ahorro donde se debita el sueldo”.
Pino puso a disposición de la comunidad y de los medios de comunicación la información bancaria que acredita la veracidad de sus dichos.
Cabe recordar que el concejal Juan Carlos Pino pudo recuperar una billetera que había extraviado, la que le fue entregada por un oficial de la Comisaría Primera, a través de un acta donde se consigna que, además de algunas tarjetas de crédito y de débito, a Pino le fue devuelto un cheque del Banco Tierra del Fuego número 101333, por la suma de 65.641 dólares (algo más de 3 millones de pesos a la cotización actual); según la constancia que fue firmada por el oficial de la Comisaría y el concejal Juan Carlos Pino, quien recibió todo sin poner objeciones.
Asuntos tratados
En el desarrollo de los asuntos previstos en la sesión, los concejales aprobaron por unanimidad un proyecto de ordenanza que busca promover el uso de energías renovables dentro del ejido urbano, con el objeto de incentivar y motivar a los vecinos, empresas privadas y organismos públicos del Estado a la utilización de este tipo de energías.
El proyecto establece que las instalaciones, equipos y maquinarias capaces de generar energías renovables, deberán evitar el menor impacto visual y paisajístico de la vivienda o edificios. Además el Ejecutivo deberá fomentar la realización de cursos de formación, seminarios y jornadas sobre esta materia, con la finalidad de incentivar un mejor uso de la energía.
En otro asunto, el Concejo aprobó por unanimidad un proyecto de ordenanza para suspender durante 2019 el cobro de impuesto inmobiliario y tasas por servicios municipales a adjudicatarios de la urbanización General San Martín.
Asimismo, la Ordenanza prevé la continuidad automática de la suspensión durante el ejercicio 2020 hasta que el Departamento Ejecutivo Municipal requiera la derogación de la presente normativa.
Los concejales también aprobaron la modificación a la Ordenanza Municipal 3500 que devuelve la universalidad del derecho, para hacer más inclusiva la exención del impuesto automotor de personas con discapacidad, lo que se había perdido a partir de la modificación de la ordenanza existente. Actualmente para otorgarla el municipio pide acreditar que la persona no sea solvente económicamente. La idea es eliminar ese requisito, y que el beneficio sea plenamente aplicable a todos sin considerar la situación económica.