La exjefa de Estado se expresó así al declarar por primera vez sobre sus vínculos con el dueño de Austral Construcciones, luego de ser acusada de montar una “matriz de corrupción” durante su gobierno y favorecer a Báez con 16.000 millones de pesos a través de la licitación de obra pública.
BUENOS AIRES (NA).- La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró ayer ante la Justicia que no es “amiga ni socia comercial” de Lázaro Báez, al prestar declaración indagatoria en una causa por presunto fraude con la obra pública otorgada durante su mandato al empresario detenido.
La exmandataria llegó a Tribunales a las 10:30 -estaba citada para las 10:00- y tras atravesar con su custodia y a bordo de un vehículo a la militancia agolpada en una calle lateral trasera del edificio, ingresó en él y se dirigió al juzgado del magistrado federal Julián Ercolini.
La audiencia de casi dos horas tuvo lugar en el cuarto piso de Comodoro Py 2002, donde Cristina Fernández de Kirchner se presentó junto con su abogado, Carlos Beraldi, y el exministro de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien oficia de consejero jurídico, en medio de un pasillo sellado para el ingreso de curiosos o periodistas.
Según pudo reconstruir NA, la expresidenta ingresó a la secretaría donde consta la causa en su contra, la cual data del año 2008, hizo un saludo generalizado al juez, a los fiscales Juan Mahiques y Gerardo Pollicita, y comenzó su declaración espontánea, tras escuchar la imputación durante quince minutos en su contra.
La audiencia inició con un clima tenso, ya que Cristina Fernández de Kirchner negó tener vínculos comerciales y ser amiga de Lázaro Báez, en respuesta a la acusación fiscal que les atribuye tener fideicomisos en común y la compra venta de terrenos en Río Gallegos, Santa Cruz.
La exmandataria insistió en la nulidad de la acusación en su contra, algo que le fue rechazado días atrás, al sostener que no se realizó una auditoría completa sobre la licitación en la obra pública y, en función de ello, aclaró que no responderá preguntas hasta tanto se defina ese planteo.
Según subrayó, las obras públicas eran determinadas por el Congreso de la Nación y ella desconoce muchas de las licitaciones que se le entregaron a Báez durante su gestión.
En tanto, Cristina Fernández de Kirchner denunció a la empresa IECSA, del cual es parte el primo del presidente Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, porque el actual Gobierno firmó un decreto este año en el que reasumió el financimiento por 45.000 millones de pesos en las obras de soterramiento del tren Sarmiento cuando ello le correspondía, según el contrato, a la privada.
Tras su indagatoria, la expresidenta leyó puntillosamente y corrigió el acta de la misma que se incorporará a la causa, en la cual esta semana deben declarar el exministro de Planificación Federal Julio De Vido, el exsecretario de Obras Públicas José López y el empresario Báez, los dos últimos detenidos en Ezeiza por otras investigaciones.
