La decisión de la Corte provincial ordenó el inmediato cese de la medida cautelar que impedía la proclamación de los ganadores, adoptada la semana pasada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que había anulado los comicios por presuntas irregularidades.
BUENOS AIRES (NA).- La Corte Suprema de Justicia de Tucumán declaró ayer válidas las elecciones provinciales de agosto último y ordenó proclamar gobernador al oficialista Juan Manzur, mientras que el opositor José Cano adelantó que apelará la sentencia ante el máximo tribunal de la Nación.
La decisión de la Corte provincial ordenó el inmediato cese de la medida cautelar que impedía la proclamación de los ganadores, adoptada la semana pasada por la Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que había anulado los comicios por presuntas irregularidades, avalando así el reclamo del frente opositor Acuerdo por el Bicentenario.
El fallo que revocó la medida de la Cámara fue firmado por los vocales titulares René Goane -en disidencia parcial- y Daniel Posse, y los camaristas civiles Carlos Ibáñez -en disidencia parcial-, Benjamín Moisá y Raúl Bejas.
Por su parte, Manzur, su compañero de fórmula Osvaldo Jaldo, el actual gobernador José Alperovich y la senadora Beatriz Rojkés encabezaron un acto ante militantes oficialistas en la plaza Yrigoyen de la ciudad de San Miguel de Tucumán, frente al Palacio de Justicia, para festejar la sentencia que benefició al binomio del Frente Para la Victoria.
Se espera que en breve Manzur sea proclamado gobernador, mientras el reclamo opositor llegará a la Corte Suprema nacional, que podría finalmente no tomar el caso y dejar en pie el fallo de su similar provincial.
En su fallo, la Corte tucumana consideró infundada la nulidad de los comicios decretada por los camaristas Salvador Ruiz y Ebe López Piossek aunque, de todos modos, el tribunal exhortó a las autoridades a adoptar las medidas necesarias para combatir el «clientelismo político» y propuso que se evalúe la conveniencia de perfeccionar el sistema electoral.
Los magistrados propusieron además que los poderes políticos evalúen «la factibilidad, pertinencia y conveniencia» de establecer modificaciones para perfeccionar el sistema electoral imperante -el llamado régimen de acoples- en pos de asegurar de una manera más efectiva la «preservación de los valores esenciales democráticos».