Aranguren se presentó en el plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías, en el Senado de la Nación. El funcionario dijo estar trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para sumar al subsidio a aquellos asentamientos urbanos, considerados indigentes o muy pobres.
BUENOS AIRES (NA).- El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, admitió estar “aprendiendo sobre la marcha” a definir la política tarifaria del gas y la electricidad, por lo que la oposición reaccionó y denunció que eso genera “profundo drama social”.
Aranguren se presentó en el plenario de comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Derechos y Garantías, en el Senado de la Nación, donde habló de los alcances de las resoluciones 99/2016 y 111/2016 referentes al ajuste de precios, cuadro tarifario, límites y tarifa social.
Ante el cuestionamiento del senador Juan Abal Medina (FpV) en la Cámara alta al denunciar un “tarifazo”, el ministro macrista admitió que el equipo económico del Gobierno está “aprendiendo” a definir las tarifas que pagan los usuarios por la luz y el gas.
Señaló que, por ese motivo, el Gobierno está abierto a los planteos que hagan los gobernadores e intendentes de todo el país por el impacto que el “reordenamiento de los cuadros tarifarios” pueda generar en sus territorios, y aclaró que cada día evalúa con su gabinete los criterios de inclusión y exclusión para recibir la tarifa social.
El funcionario dijo estar trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social para sumar al subsidio a aquellos asentamientos urbanos, considerados indigentes o muy pobres, que por trabajar en negro no entran en los criterios para recibir tarifa social.
La senadora Graciela de la Rosa (FPV-Formosa) se mostró molesta por la “decisión política” del Gobierno de Mauricio Macri de “avanzar con un tarifazo sin antes prever qué ocurriría con la economía del país”.
“Es tremendo el impacto social que tiene el tarifazo en medio del proceso recesivo que se observa: no hay plata en la calle, a la gente no le alcanza para pagar lo que dicen las facturas”, expresó la senadora kirchnerista.
Y denunció que “esto es brutal para la gente” dado que no se trata de un ajuste parejo porque la suba de tarifas está afectando principalmente a las familias más humildes tanto del Gran Buenos Aires como de Formosa y el resto de las jurisdicciones.
La Tarifa Social Federal fue anunciada en enero de 2016 y brinda un consumo de 150 kilovatios por hora por mes por los que sólo se pagarán los costos fijos y la distribución.
Según De la Rosa, esa tarifa social representa sólo 58 pesos en cada factura mensual de energía eléctrica en un hogar de una familia tipo en el NEA, por lo que a partir de los 150 Kw/h, los usuarios deben afrontar el ajuste de hasta el 600%.
Aranguren asintió con que el reordenamiento de tarifas fue “una decisión política” tomada por Macri y argumentó que no había otro camino porque la Argentina se estaba quedando sin electricidad y gas, dado que en la actualidad importa el 14 por ciento de la energía total que consume.
“Si manteníamos el plan energético anterior, nos íbamos a quedar sin energía muy pronto. Vimos la necesidad de sincerar las tarifas para que haya disponibilidad energética para encarar el desarrollo económico”, expresó el funcionario.
El senador pampeano Daniel Lovera (PJ) le pidió a Aranguren que acelere la toma de decisiones y su instrumentación para otorgar subsidios a las entidades sociales y de bien público (como los clubes de fútbol) porque algunas ya han tenido que cerrar sus puertas, lo que se convierte en un “verdadero drama social”.
El ministro dijo además que el objetivo del Gobierno para este año es encarar una “revisión tarifaria integral” que contemple un análisis de los precios de producción, pero también la calidad del gas y la electricidad y las inversiones de las empresas.
El ministro aseguró que de un total de 13,5 millones de hogares en la Argentina ya hay 3.200.000 que ya adhirieron a la tarifa social para la energía eléctrica y de 8,5 millones, 1,3 se inscribió para recibir ese beneficio; se suman a los 2,6 millones que acceden a la garrafa social.
El plenario que se reunió para escuchar al ministro de Energía tiene la particularidad de que no cuentan ninguna de las comisiones convocantes con una presidencia del PJ-FpV, algo infrecuente en la Cámara alta.
