USHUAIA.- En una decisión por mayoría, el Consejo de la Magistratura resolvió iniciar el proceso de jury de enjuiciamiento contra la fiscal Laura Urquiza, quien fue denunciada por un funcionario y un auxiliar del Juzgado de Instrucción 1 de Río Grande, por presunto abuso de poder.
Ayer, en la reunión mensual que debe realizar el Consejo, se procedió a evaluar el caso de la denuncia contra la Fiscal, quien fue denunciada penalmente por presunto abuso de autoridad, amenazas coactivas agravadas, incumplimiento de los deberes de funcionario público y requerimiento indebido de la fuerza pública; a partir de un hecho que sucedió el pasado 28 de junio, cuando la funcionaria y su secretaria, la doctora Georgina Minelli, se negaron a recibir la instrucción de una causa fuera del horario hábil de Tribunales.
Al tratar el asunto, el consejero Leonardo Gorbacz mocionó para que la conducta de la Fiscal sea evaluada por el Superior Tribunal de Justicia, considerando que la misma merecería una sanción administrativa, posición que fue acompañada por el consejero Pablo Blanco.
En tanto, el fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre propuso que se inicie el proceso de jury de enjuiciamiento, según lo previsto en los términos de la ley 525, moción que fue acompañada por el juez Carlos Gonzalo Sagastume, presidente del Consejo, y el abogado Oscar Suárez. A partir de esto, se corrió traslado a la Presidencia para formular el informe previsto en el artículo 10 de la mencionada normativa.
Caso cerrado
Tras más de 16 meses de tratamiento, ayer los Consejeros decidieron cerrar el caso de la denuncia presentada por la empresa forestal Lenga Patagonia contra la jueza Laboral de Río Grande Edith Cristiano.
La multinacional planteó el caso el 16 de mayo de 2018. A través de sus apoderados, cuestiona la intervención de la jueza Cristiano (como jueza subrogante) en la causa donde falló a favor de la empresa Glisud SA por los derechos posesorios de 30 mil hectáreas de tierras rurales, incluida la estancia María Cristina, situada cerca de Tolhuin.
El predio le pertenece a Lenga Patagonia que se lo arrendó a Glisud por 10 años, pero al término del contrato, en 2013, Glisud se negó a desalojar las tierras, reclamó una supuesta deuda impaga y luego “intervino el título unilateralmente, usando un artilugio del Código Civil, y se consideró titular de los derechos posesorios del lugar”, explicó en su momento uno de los abogados de la multinacional, Eduardo de la Puente. Además, Glisud le terminó cediendo la estancia a otra empresa, Deolinda SRL.
Por ello, Lenga reclamó los derechos sobre las tierras ante la justicia civil y se produjo el fallo contrario a sus intereses que originó el pedido de jury a la jueza Cristiano.