En la Argentina, donde en San Juan la minería ya representa el 34% del Producto, la actividad tiene una fuerte resistencia social por casos como el de Barrick Gold, cuyos derrames de solución cianurada en Valedero contaminaron cinco ríos de forma irreversible.
BUENOS AIRES (Especial de NA, por Javier Alvarez).- La caída de recursos por la recesión económica destapó en algunas provincias como Catamarca, Chubut, Mendoza y La Rioja la idea de diversificar las fuentes de financiamiento propio y en ese escenario reapareció la minería como alternativa, a pesar de la resistencia popular.
Algunas jurisdicciones sufren la baja de regalías por la crisis del petróleo y otras simplemente por la menor recaudación impositiva general, ante una creciente demanda social que presiona a los gobernadores, quienes observan cómo Chile está volando la Cordillera de los Andes para sacar minerales.
Según datos del Consejo Minero de Chile, la producción del país trasandino alcanzó os 34.642 millones de dólares en 2015, con un 92% de cobre; 3% de hierro; 2% de oro; 1% plata; 1% de molibdeno; y 1% de otros minerales.
La extracción de minerales alcanzó hasta septiembre los 7,8 puntos del Producto Bruto Interno chileno (unos u$s21.965 de dólares) y en 2015 fue de 9 puntos, pero en años de mejores precios globales como el 2011 había trepado hasta los 16 puntos de la economía total.
En la Argentina, donde en San Juan la minería ya representa el 34% del Producto, la actividad tiene una fuerte resistencia social por casos como el de Barrick Gold, cuyos derrames de solución cianurada en Valedero contaminaron cinco ríos de forma irreversible.
Los datos de Chile
Los datos chilenos son observados con fuerte interés en, por ejemplo, La Rioja donde el gobierno provincial de Sergio Casas tiene intenciones de captar inversiones, aunque hay una fuerte resistencia de sectores cercanos al opositor Julio Martínez, ministro de Defensa nacional con fuerte incidencia en la política riojana.
La gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci, confirmó que buscará una mayor “licencia social” para impulsar la minería a cielo abierto en la zona cordillerana de la provincia, porque “hay zonas en las que no queda otra” alternativa que esa actividad.
Corpacci se convirtió así en la segunda gobernadora que sale a buscar el apoyo popular para impulsar la actividad, después del chubutense Mario Das Neves, quien quiere impulsar en 2017 un plebiscito para que los ciudadanos fijen posición.
Actualmente, rige en Chubut la Ley provincial Nº 5001 que no permite la extracción a cielo abierto y con uso de cianuro, aunque en la provincia patagónica hay proyectos que han avanzado en la etapa de exploración.
En Mendoza, la Corte Suprema de Justicia provincial decretó la constitucionalidad de la ley antiminera 7.722, tras una lucha de ocho años de ambientalistas y el pueblo mendocino, que festejaron el fallo como un triunfo en diciembre del año pasado.
Esa norma, denominada la “Ley del Pueblo”, prohíbe el uso de sustancias tóxicas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico en la minería a cielo abierto, por lo que la actividad en la actualidad es imposible.
Pero el gobernador Alfredo Cornejo ya no oculta la intención de poner el debate arriba de la mesa e incluso ya insistió en público que es una actividad lícita que podría convivir con la protección del medio ambiente.
Esa impronta de Cornejo fue la que llevó a su gobierno a organizar en septiembre pasado el “Espacio de Diálogo Minero”, en el que especialistas expusieron para acompañar el “proceso de creación de una política de Estado para un desarrollo sustentable”, según lo comunicó la gestión mendocina.
¿Qué dice Macri?
La minería es una de las actividades estrategias para el desarrollo del país, según la concepción expresada por el presidente Mauricio Macri en febrero pasado en San Juan cuando eliminó las retenciones a las exportación de este rubro.
El jefe de Estado llamó allí “desarrollar” la producción pero “en absoluto respeto del medio ambiente”, dichos que ratificó a fines de octubre en otra visita a San Juan para poner en marcha la licitación de las obras del túnel binacional de Agua Negra.
En esa línea, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, resaltó que el Estado debe “poner límites, controlar adecuadamente y sancionar a todo aquel que no cumple con la legislación” en la industria minera, y dijo que buscará “armonizar la política ambiental e impositiva” para el sector.
Al ser consultado por NA, el ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Bergman, consideró que el debate sobre la minería debería volver al Congreso para que se actualicen las normas que regulan la actividad.
“Pero lo que está claro que es que este Gobierno no va a imponer a ningún pueblo ninguna actividad. Cada provincia debe decidir sobre sus recursos naturales. Nosotros sólo acompañamos con la ley”, dijo Bergman.