Gastón Díaz, abogado, referente político y candidato a senador nacional por “Defendamos Tierra del Fuego”, analiza el Decreto Nacional N° 333/2025 que redujo los aranceles a la importación de celulares y amenaza con llevarlos a cero luego de las elecciones del 26 de octubre.
RIO GRANDE.- Advierte que la medida pone en jaque más de medio siglo de esfuerzo productivo y miles de empleos en la provincia más austral de la Argentina.
Un decreto que amenaza 14.000 empleos
El 19 de mayo, el Gobierno nacional publicó el Decreto 333/2025 y dispuso la reducción de aranceles a la importación de teléfonos celulares, con el compromiso de eliminarlos totalmente a partir de enero de 2026. Una medida presentada como un ajuste técnico pero que, en Tierra del Fuego, se vive como un ataque frontal al régimen de promoción industrial creado hace más de cincuenta años.
El impacto no es menor. Se estima que más de 4.000 puestos de trabajo directos y otros 10.000 indirectos, vinculados al entramado fabril, están en riesgo. En una provincia donde la industria electrónica explica un tercio de la economía y uno de cada cuatro empleos privados.
Al respecto, Gastón Díaz sostuvo: “Estamos hablando de nuestra historia de soberanía y desarrollo. Ubicar a nuestra provincia en el centro del mapa bicontinental de la Argentina es un primer paso para comprender la importancia de la estrategia poblacional que tuvo en su inicio la Ley 19.640. Esa norma de 1972 y luego el subrégimen de promoción industrial no solo buscó fomentar la producción, sino consolidar la soberanía argentina en el extremo sur, a pocos cientos de kilómetros de las Islas Malvinas”.
“No es la primera vez que nuestra provincia enfrenta ataques a su régimen industrial. En el Congreso, Martín Perez defendió con firmeza a las familias trabajadoras y a nuestras fábricas frente a intentos de flexibilizar el subrégimen. Esa coherencia es la que hoy nos guía: seguir defendiendo la industria no es un capricho, es defender la vida de nuestra gente y la soberanía de Tierra del Fuego”, agregó el candidato a senador.
Hoy, ese esfuerzo colectivo parece desdibujarse. Gastón Díaz advierte: “De un plumazo quieren poner en riesgo todo lo construido. Y además, en términos de soberanía nacional, resulta por lo menos contradictorio debilitar un polo industrial y tecnológico en una zona estratégica del país”.
Este decreto es un golpe que llega a un sector ya debilitado. Durante 2024 cerraron 14 fábricas –seis de ellas textiles–, la producción cayó un 50% y el empleo industrial tocó su piso más bajo en quince años.
Más que economía: el tejido social en juego
“Durante años en mi actividad profesional como abogado he defendido la industria desde la perspectiva del trabajador, sus derechos y conquistas. Luego de mi intervención en el sector público de la sociedad fueguina he comprendido la trascendencia e importancia de defender la ley y el subrégimen, no solo para proteger a los trabajadores de nuestras fábricas sino al resto de la comunidad que de manera directa e indirecta ha ido formando el tejido social de la provincia que hoy se ve comprometido”.
Las consecuencias de ese decreto nacional no se limitan a los números. La industria es también la fuente de financiamiento del Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), destinado a diversificar la economía provincial en tres sectores clave: energía, alimentos y turismo atlántico y antártico. Con menos recaudación, esos proyectos estratégicos también entran en riesgo.
“Defender la industria no es solo defender a los trabajadores de las fábricas; es defender a toda la comunidad, ya que gran parte del resultado económico de lo producido termina derramando en el beneficio de toda la sociedad de la provincia”.
Milei y el FMI detrás del ajuste
Para el dirigente: “El trasfondo político no pasa inadvertido, porque la baja de aranceles responde a exigencias del Fondo Monetario Internacional y a un cálculo electoral del equipo del vocero presidencial Manuel Adorni quien anunció esta medida a 5 días de una contienda electoral en la que él era candidato en la Ciudad de Buenos Aires”.
Por otra parte, Díaz apunta directamente al presidente Javier Milei: “El Gobierno Nacional ha incumplido su palabra con los fueguinos. Fue él quien sostuvo que el modelo industrial de Tierra del Fuego iba a ser el modelo industrial de la Argentina, y hoy hace exactamente lo contrario”.
“Tierra del Fuego es una provincia que resiste. Como expresé días atrás, he redactado y presentaré ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para dejar sin efecto el decreto presidencial 333”, y agregó “que desde el espacio Defendamos Tierra del Fuego no aceptamos que la provincia sea tratada como moneda de cambio. Nuestro único jefe político es el pueblo fueguino, los vecinos de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande”.
“Decimos que solo responderemos ante el pueblo fueguino porque en las elecciones del 26 de octubre quien elige es el pueblo de fueguino. Y los senadores y diputados serán representantes en el Congreso Nacional de esta provincia y de nuestra gente. De ninguna manera vamos a levantar la mano porque así lo pida alguien desde Buenos Aires o desde cualquier otro lugar del país”.
“El momento es ahora. Defender la industria de Tierra del Fuego es defender la vida cotidiana de nuestras familias, nuestra soberanía en el sur del continente y nuestro futuro como comunidad organizada” concluyó.