BUENOS AIRES (NA).- El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, concurrió al Senado a defender el proyecto de ley del Poder Ejecutivo que crea un régimen de contratación público-privada para obras de infraestructura y señaló que el objetivo del Gobierno es «llevar la inversión en obra pública del 2 por ciento del PBI al 6 por ciento».
Frigerio participó de la reunión plenaria de las comisiones de Infraestructura, Vivienda y Transporte y de Asuntos Administrativos y Municipales que se realizó en el Salón Azul del Senado, donde se discute el proyecto enviado por la Casa Rosada la semana pasada.
El ministro destacó que «el propósito es acelerar los plazos de las obras» y señaló que mediante el régimen de contratación que plantea la iniciativa del oficialismo «los privados van a recibir una retribución si cumplen en tiempo y forma con lo que se plantea en cada proyecto».
«Hay objetivos muy concretos, uno es llevar la inversión en obra pública del 2 por ciento, que hoy representa en términos del PBI, al 6 por ciento», indicó el funcionario al tiempo que señaló que «este desafío es difícil de alcanzar cuando el Estado tiene problemas fiscales y financieros».
En ese sentido, agregó: «Esto nos obliga a ser muy creativos a trabajar en distintas alternativas para la inversión y la contratación público-privada es una alternativa adicional a las normas con la que ya contamos, como la Ley de Obras Públicas».
El ministro contó que el tema formó parte de la última reunión que mantuvo con los gobernadores y agregó: «Estamos hablando de escuelas, hospitales, rutas, cosas que hacen no solo a la mejora de la competitividad sino también a un mejor desarrollo de los servicios esenciales que están en manos de las provincias».
Durante el intercambio con los senadores, el jujeño Walter Barrionuevo, del PJ-FPV, le preguntó «cuál es la razón por la que se invita (a las provincias) a una adhesión» al régimen planteado por el proyecto.
Ante la consulta, Frigerio señaló que las empresas públicas, tanto nacionales como provinciales y municipales, «pueden ser contratistas» de obras de infraestructura pero si adhieren al régimen «las provincias también pueden ser contratantes».
Por su parte, la senadora formoseña Graciela De la Rosa, del PJ-FPV reconoció que la iniciativa «es una copia del proyecto que tiene Colombia y otros países y que ha dado buenos resultados» pero expresó su «preocupación» respecto de la posibilidad de que el Estado garantice la rentabilidad de las empresas contratistas con «recursos tributarios, que en su mayoría son coparticipables».