La presentación del fiscal fue realizada ante el juez federal Daniel Rafecas para que se abra una investigación penal a partir de la denuncia hecha por el abogado Marcelo Parrilli, por el delito de «prevaricato», esto es fallar contrario a derecho.
BUENOS AIRES (NA).- El fiscal federal Guillermo Marijuan imputó a los jueces de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco, Carlos Ronsenkratz y Horacio Rosatti, por haber votado a favor del 2×1 en el cómputo de la condena a un represor por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura.
Puntualmente, Marijuan solicitó que se pida copia del fallo de la Corte con el voto de los tres jueces que favoreció la situación del represor Luis Muiña, por la aplicación del 2×1, y también de los pronunciamientos previos del caso por parte de la Cámara Federal de Casación Penal y del Tribunal Oral que lo condenó.
Además, pidió que el juez Rafecas adopte «toda otra medida que considere de utilidad para el avance de la pesquisa», aunque advirtió de todos modos que los hechos denunciados «podrían ser considerados una cuestión de puro derecho», esto es que podrían no ser materia de delito.
En su requerimiento, el fiscal citó la denuncia del abogado Parrilli quien acusó a los jueces por la «gravedad» del fallo que podría provocar que otros condenados por delitos de lesa humanidad salgan en libertad por la reducción de la condena.
El abogado vinculó el voto de los tres jueces a sus»vínculos con el Gobierno Nacional», teniendo en cuenta que Ronsenkratz y Rosatti ingresaron por la postulación de la Casa Rosada, mientras que Highton de Nolasco obtuvo un fallo favorable para permanecer en su cargo pese a superar la edad de 75 años que se fija como límite del mismo, el que no fue apelado por el Estado Nacional.
Junto a su denuncia, el abogado había reclamado que los tres ministros fueron citados a prestar declaración indagatoria, algo que el fiscal en su pronunciamiento no pidió.
En su denuncia, el abogado había recordado que la ley del 2×1, la cual estuvo vigente entre 1994 y 2001, estaba derogada cuando Muiña cometió los hechos, en 1976, cuando fue detenido, en 2007, y al ser condenado en 2011 por el Tribunal Oral Federal 2.