USHUAIA.- Sin la firma de ninguno de los Ministro de la Corte y rubricada únicamente por Roberto Kádár, Secretario Penal del Superior Tribunal de Justicia; se formuló desde la justicia ayer el rechazo al pedido que formuló la Mesa Sindical al Superior Tribunal de Justicia, de proceder a intervenir para frenar el juicio oral y público a los gremialistas que tomaron la Casa de Gobierno. En una nota concreta y concisa, Kadar indica que el caso no está en jurisdicción del máximo órgano judicial y que sólo puede intervenir en caso que vías recursivas así lo obliguen. De toda forma, de oficio, no puede.
En la nota señalan que la Constitución Provincial “delimita el ámbito de conocimiento del Superior Tribunal y fija su actividad jurisdiccional” y allí surge que “sólo puede conocer en una causa en trámite ante un tribunal inferior si su intervención es impulsada por medio de las vías recursivas legalmente previstas en los códigos procesales”.
Indica más adelante que “es sabido que la independencia del Poder Judicial se yergue como uno de los pilares fundamentales de nuestro sistema constitucional. Y su relevancia es tal, que en la tramitación y resolución de los casos, los tribunales son independientes incluso del Superior Tribunal, el cual -como se explicó- sólo puede conocer en el caso en la oportunidad y por los medios previstos por la ley”.
A más abundancia, resalta que “la implementación del instituto de la mediación en el proceso penal se encuentra prevista por la ley, la que también determina cuál es el tribunal competente para conocer en el asunto (artículo 24 de la ley 804). Cualquier decisión que -hipotéticamente- pudiera adoptar el Superior Tribunal fuera de ese marco carecería de validez.
Cabe decir que Mesa Sindical de Tierra del Fuego presentó una nota por la cual solicitan que el Superior Tribunal de Justicia ordene la suspensión del proceso en trámite ante el Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur en virtud de los hechos sucedidos en la Casa de Gobierno y sus alrededores, que son de público conocimiento.
Los presentantes expresan que el pedido persigue abrir un canal de diálogo entre las partes y buscar los consensos necesarios en pos del bienestar de la ciudadanía. A la par, consideran primordial el resguardo del derecho de manifestarse y de peticionar ante las autoridades; rechazan que compañeros que ejercieron ese derecho sean sometidos a un proceso (al que estiman injusto y violatorio de garantías constitucionales); y destacan la importancia de buscar el diálogo y los consensos.