En el marco de la emergencia penitenciaria declarada por tres años para todo el país, la provincia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación firmaron un convenio de asistencia técnica para un proyecto de infraestructura penitenciaria de acuerdo a las necesidades y requerimientos de la provincia que además resuelva el déficit habitacional de las cárceles federales.
RIO GRANDE.- Con el propósito de resolver la superpoblación de las cárceles federales que en su mayoría se encuentran en Buenos Aires, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró en marzo la emergencia penitenciaria por tres años y avanza en un programa de políticas públicas para resolver el déficit habitacional, mejorar la condiciones de encierro y pensar medidas alternativas a las cárceles. Esto incluye la construcción de nuevas cárceles en todas las provincias, en las cuales esté previsto un cupo para presos federales.
Dos días después de declarada la emergencia penitenciaria, la provincia y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, firmaron un convenio mediante el cual ese ministerio se compromete a brindar asistencia técnica para la elaboración de un proyecto de infraestructura penitenciaria en Tierra del Fuego “cuya construcción y ejecución se realizará por cuenta y orden de la provincia, toda vez que las condiciones particulares a su financiamiento serán solventadas por la misma”.
El convenio establece además que “la provincia se compromete a reservar para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 30 cupos de alojamiento, los cuales podrán ser utilizados para alojamiento de internos a disposición de la Justicia Federal conforme pago compensatorio de acuerdo al convenio de adhesión al régimen de fijación y modificación del valor diario por el alojamiento de internos”
Actualmente, en las cárceles federales hay alojados 13.773 presos cuando la capacidad total es de 12.235, según datos oficiales actualizados al 13 de marzo. Eso significa que la sobrepoblación es de más del 12 %.
De acuerdo a la declaración de emergencia penitenciaria, las órdenes judiciales “impiden el traslado de detenidos hacia unidades ubicadas en el interior del país”, por lo que se generan situaciones de superpoblación en las cárceles de la región metropolitana, donde se concentra el 63 por ciento de los alojamientos penitenciarios.
“A pesar de los esfuerzos realizados, el déficit habitacional persiste y, según lo señalado por el Servicio Penitenciario Federal, puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”, indicó la resolución.
16 presos federales
Según datos oficiales brindados la semana pasada por el Director del Servicio Penitenciario, Claudio Canovas, en las cárceles de la provincia, hay alojados 226 reclusos de los cuales 16 son internos federales. Canovas destacó el aumento de internos federales por delito de narcotráfico “se ha pujado fuertemente este delito y eso ha incrementado el ingreso a la cárcel de un 10-12% de internos. Nosotros detenemos en la provincia cuando se está en una etapa de proceso judicial, una vez que son condenados por el tribunal oral, el convenio que tenemos pactado es que los detenidos federales sean trasladados fuera de la provincia. Hoy hay 16 internos federales en la unidad”.
Además, el funcionario explicó que “a través de los distintos encuentros que he tenido a nivel nacional con directores de otros lados, ellos comentan también la cantidad de internos federales que están esperando que Nación se haga cargo de estos procesos para trasladar a presos a cárceles federales”.