La crisis institucional que atraviesa el Poder Judicial de Tierra del Fuego empieza a tomar repercusión nacional. Las denuncias contra integrantes del Superior Tribunal de Justicia y el impacto de decisiones políticas en el uso de fondos públicos exponen un escenario cada vez más tenso y cuestionado.
Un juez investigado por presunta tenencia de pornografía infantil
Uno de los casos más graves involucra a un juez de Cámara, señalado por la presunta posesión de material de abuso sexual infantil en su computadora personal. La alerta inicial habría sido emitida por la empresa Google, lo que activó una investigación judicial que, sin embargo, enfrenta fuertes cuestionamientos.
La sospecha de encubrimiento crece tras conocerse la desaparición de pruebas clave vinculadas a un correo electrónico. De confirmarse, el hecho podría evidenciar una maniobra para obstaculizar la causa y proteger al magistrado. La situación generó profundo malestar social y reclamos por mayor transparencia.
Otra jueza en la mira por un accidente con fuga
A este caso se suma el de otra jueza, también del Superior Tribunal, quien habría protagonizado un choque múltiple contra tres vehículos y se habría dado a la fuga. A pesar de la gravedad del episodio, no se habrían radicado denuncias formales en su contra.
Según se supo, la magistrada estaría próxima a jubilarse, lo que genera sospechas sobre una posible maniobra para evitar sanciones administrativas o judiciales.
Acusaciones por frenar el proceso constituyente
Otro integrante del STJ fue señalado por demorar definiciones sobre la convocatoria a elecciones constituyentes. La falta de resolución habría impactado en un proceso clave para la institucionalidad de Tierra del Fuego, lo que fue interpretado por algunos sectores como un intento deliberado de dilación.
Polémica por un gasto millonario en una fiesta de una noche
En paralelo a los conflictos judiciales, también crece la indignación por el gasto de 104 millones de pesos en la Fiesta Nacional del Invierno. El evento se realizó mediante compra directa, sin licitación pública, y en favor de un privado. La magnitud del gasto llama la atención especialmente porque se trató de una actividad de una sola noche.
En un contexto donde aumentan los cuestionamientos a la Justicia y la administración de recursos, la polémica por la fiesta acentúa el malestar de una comunidad que exige explicaciones.