El juez Javier De Gamas Soler concretó ayer la comparencia de Carlos Córdoba, secretario General de ATE Provincial, en el marco de la causa donde se investiga la venta fraudulenta de viviendas que el IPV construyó para afiliados al gremio estatal. Presentó un escrito para hacer su descargo y no habló con la prensa.
USHUAIA.- Ayer, alrededor de las 10:00, el secretario General de ATE provincial, Carlos Córdoba arribó al juzgado acompañado por su abogado, el doctor Jorge Pintos, y presentó un escrito donde hacía su descargo sobre el delito que se le imputa en torno a la venta fraudulenta de dichas viviendas a particulares ajenos al gremio.
Lo cierto es que el dirigente gremial estuvo casi dos horas en el juzgado de Primera Nominación del Distrito Judicial Sur. Además de no contestar preguntas se retiró sin hacer declaraciones ya que las dejó en mano de su abogado.
Pintos aseguró tras salir del Juzgado que Córdoba va ampliar su indagatoria una vez que se analice el marco probatorio y se ocupó de aclarar que «no existen escuchas telefónicas ordenadas por la justicia en la causa», aclarando que «hay audios que fueron grabados en un ámbito privado y mensajes de whatsapp».
El caso de las viviendas futuras, se hizo público a partir de la denuncia penal que presentó el propio secretario General de ATE, admitiendo una operatoria por la que directivos del principal gremio estatal de la provincia habrían vendido viviendas sociales del complejo Barrancas del Río Pipo a personas ajenas al sindicato.
El complejo habitacional de 128 unidades financiado con recursos nacionales y construido por el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) estaba íntegramente destinado a afiliados a ATE que además cumplieran con los requisitos para acceder a una vivienda social.
Sin embargo, se sospecha que directivos del gremio se “reservaron” una cantidad de esas casas (se cree que 26 de las 128) para “comercializarlas” a terceros, con la expectativa de que esas personas (previo un pago de dinero) pudiesen ser incorporadas al listado de adjudicatarios que el gremio debía informar al IPV.
Al parecer, el organismo se negó a incluir a esos terceros y muchos de los que habían puesto sumas de hasta 700 u 800 mil pesos o dado vehículos en parte de pago, comenzaron a reclamar y a considerarse víctimas de una estafa.
En su denuncia, Córdoba señaló como responsables a Miguel Arana y Daniel Belbey, que integraban la comisión de vivienda del sindicato y manejaban la operatoria con el IPV.
Un atacado y un suicidio
Tras la denuncia, Arana fue salvajemente golpeado el 25 de mayo en la puerta de su domicilio, en la calle Tolhuin, debieron hospitalizarlo y estuvo en coma varios días.
En tanto Belbey se suicidó ahorcándose en las tribunas de la cancha de fútbol exterior del Polideportivo Municipal, el 1º de junio.
La pareja de Arana, Gisela Edith Escobar, dueña de una empresa de máquinas viales y exempleada de ATE, también aparece vinculada a la causa, porque entre otros aspectos no podría justificar el origen del dinero con el que adquirió la maquinaria que alquilaba a privados y organismos públicos y que ya fue secuestrada por la Justicia.