Pablo Blanco (UCR – Cambiemos) presidió la comisión de Economía y Presupuesto donde se analizó la propuesta del Ejecutivo, que busca encontrar el encuadre para poder adherir a la ley de blanqueo de capitales, sin contradecir la Constitución Provincial.
USHUAIA.- El Gobierno envió días atrás a la Legislatura un proyecto para que la Provincia adhiera a la ley nacional de blanqueo de capitales que sancionó el Congreso en junio pasado. La iniciativa apunta a que quienes se sumen al sinceramiento fiscal gocen de beneficios impositivos a nivel provincial.
Básicamente, la propuesta –que vienen realizando varias provincias- plantea la adhesión al Régimen de Sinceramiento Fiscal de Nación, de forma tal que los contribuyentes que blanqueen capitales no deban afrontar el pago de ninguna penalidad.
De esta manera, el Gobierno provincial busca encontrar un marco legal adecuado que permita que la Provincia pueda adherir a la denominada ley de blanqueo de capitales sin contradecir el artículo 68 de la Constitución provincial.
El legislador Pablo Blanco (UCR – Cambiemos) que presidió esta semana la comisión de Economía y Presupuesto, aclaró que el asunto 369 ya ingresó a la Cámara, pero no cuenta con estado parlamentario y dijo que “el proyecto respeta el artículo 68 de la Constitución provincial, donde establece algunas limitaciones con el blanqueo”.
A modo de ejemplo planteó que “ningún funcionario está autorizado constitucionalmente a hacer quitas de capital en deudas de impuestos”, en referencia al articulado de la Ley nacional 27.260.
Además precisó que un funcionario de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF) “se acercó a explicar los alcances de la ley y las modificaciones a la iniciativa original, donde queda claramente especificado y salvaguardado lo que indica la carta magna provincial”.
Por último, el referente de UCR – Cambiemos expresó que los legisladores que participaron de la comisión hicieron las consultas informativas y estas fueron contestadas por el gerente de AREF. “Ahora, la discusión quedó en el ámbito de la Legislatura. Veremos si en la próxima sesión se le da tratamiento a este tema, que tiene un plazo de adhesión hasta el 30 de octubre y seguramente se tomará una definición antes de esa fecha”, cerró Blanco.