En la nota dirigida a la legisladora Myriam Martínez, a cargo de la presidencia de la Legislatura, la gobernadora Rosana Bertone aclaró que el trámite de urgencia solicitado para seis proyectos de ley se basaba en la necesidad de dar “respuestas inmediatas a las problemáticas más sensibles por la que atraviesa el Estado”.
USHUAIA.- La gobernadora Rosana Bertone solicitó ayer -por nota a la Legislatura- que se deje sin efecto el trámite de urgencia de los seis proyectos de ley presentados por el Ejecutivo en los primeros días de enero.
En la nota dirigida a la vicepresidenta 1ra a cargo de la presidencia del Parlamento, legisladora Myriam Martínez, se aclara que el trámite de urgencia solicitado por el Gobierno se basaba en la necesidad de dar “respuestas inmediatas a las problemáticas más sensibles por la que atraviesa el Estado provincial”.
Asimismo, la mandataria considera en su nota que el mecanismo constitucional previsto en el artículo 111 de la Carta Magna fueguina daría al Ejecutivo “las herramientas necesarias para la expeditiva y ágil atención de las demandas imperantes de nuestra sociedad”.
Al solicitar que se deje sin efecto el trámite de urgencia, la gobernadora Rosana Bertone aclara que es su voluntad “generar espacios de debate con la presencia del cuerpo legislativo en pleno” al momento de tratarse los proyectos.
Los proyectos
Entre los seis proyectos con “trámite de urgencia” que envió el Gobierno a la Legislatura se destaca el que propone reformas a las leyes 735 y 834 sobre el sistema previsional y la Caja de Jubilaciones del personal policial y del servicio penitenciario en Tierra del Fuego.
“La sencilla razón de la presente modificación es lograr que el sistema previsional del personal policial y penitenciario, sobreviva y subsista a una inminente desaparición”, argumenta la mandataria en el proyecto.
Según el proyecto, las medidas que se proponen cobran “gran importancia a fin de minimizar y revertir la actual situación de la Caja” jubilatoria, impulsando “un régimen de austeridad en la administración del ente previsional”. Para ello, disponen un “acotado margen para gastos de representación para el Directorio y conservar la actual carrera administrativa de los empleados del mismo”; así como “ajustar al mínimo necesario su número para su funcionamiento”. Se pide además que se adopten las medidas “conducentes a la eficacia de sus prestaciones”.
“Un punto sobresaliente es la labor realizada para incorporar herramientas tendientes a incrementar la capacidad de negocio de la Caja de Retiro, con miras a establecer un fuerte plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo”, detalla la iniciativa.
Por otra parte, se propone una modificación a los años de servicio para el personal que ingrese con posterioridad a la sanción del proyecto, elevando la cantidad de años de servicios a 35 para el cuadro superior y a 30 para el cuadro subalterno.
Otro proyecto que generó polémica plantea modificar la Ley 389 de Pensiones RUPE, proponiendo en cambio “un suplemento económico que permita que las personas puedan obtener su pensión a través del Estado Nacional”.
De este modo, a partir de la sanción de este proyecto de ley, las personas con discapacidad deberán tramitar una “Pensión No Contributiva por Invalidez” ante las oficinas del Estado Nacional que funcionan en la Provincia, y obtener luego “una suma abonada por el Estado fueguino para llegar al valor de un 100 de la categoría 10 PAyT” tal como establece la Ley 389.
Esto significa que la Provincia pagará la diferencia existente entre el monto de una pensión por invalidez nacional y lo establecido por la Ley 389, es decir, el equivalente al 100% del sueldo de una categoría 10 PAyT de la administración pública provincial.
El tercer proyecto que motivó reclamos de los gremios estatales propone crear una “Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público Provincial”, que tendrá como objetivo el “estudio, análisis y evaluación de medidas tendientes al establecimiento de una política salarial coordinada y armónica”.
Esta comisión estará integrada por “un representante del Ministerio de Gobierno y Justicia, que actuará como Presidente, un representante de la Secretaría General de Gobierno, un representante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, un representante del Ministerio Jefatura de Gabinete y un representante del Ministerio de Economía”.
“Para el estudio de casos especiales, la Comisión podrá convocar para integrarla a un representante del Ministerio, Secretaria de Estado o entidad, que corresponda según el sector de personal de que se trate”, sostuvo.
Asimismo, esta comisión tendrá su propio reglamento y “podrá requerir directamente toda información” cuando se analicen pautas salariales de los organismos y entes descentralizados de la Provincia.
Con este proyecto, el Gobierno busca intervenir “en todo proyecto de modificación de regímenes que, directa o indirectamente y cualquiera sea su concepto, afecte las remuneraciones, en dinero o en especie, del personal”, ya sean de la administración pública como de los entes autárquicos.
Incluso “cuando se trate de acuerdo salariales celebrados o a celebrarse en el marco de convenios colectivos nacionales”.
Asimismo, ingresado con el asunto 009/2017, el Gobierno propone modificaciones a las leyes 1070 y 1071 referidas a las Caja de Previsión Social de la Provincia y Obra Social de la Provincia de TDF, buscando especialmente un cambio en el mecanismo que establece el quórum de ambos organismos.
Por último, a través del asunto 017/2017, el Gobierno pide declarar la “emergencia habitacional y de infraestructura edilicia y equipamiento comunitario” en la Provincia.
Se hace hincapié en el déficit habitacional, y se menciona que según datos provistos por el Instituto Provincial de Vivienda (IPV), en Ushuaia existen 5.494 familias en lista de espera; mientras que en Río Grande suman 4.428. En tanto, 193 familias de Tolhuin aguardan por su techo propio.
De acuerdo al Ejecutivo, la declaración de “emergencia” permitirá acelerar los plazos de finalización de obras de infraestructura y soluciones habitacionales con fondos aportados por diferentes programas nacionales.
