BUENOS AIRES (NA).- El oficialismo buscará dictaminar hoy en la Cámara de Diputados a favor de la reforma del Ministerio Público Fiscal, que recortará las facultades del procurador general y fijará un límite de cinco años al mandato, con la posibilidad de renovar el cargo por cinco años adicionales pero sólo a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional.
De esa manera, el Gobierno lograría resolver el asunto que lo desvela: poner fin a la continuidad de la actual procuradora Alejandra Gils Carbó, que cumpliría cinco años al frente de ese organismo el 29 de agosto del 2017, fecha en que el presidente Mauricio Macri estaría facultado para denegarle un segundo mandato.
La iniciativa recibiría dictamen este martes a partir de las 14:00 en el plenario de las comisiones de Justicia, Legislación Penal y Presupuesto y Hacienda, y estaría en condiciones de llegar al recinto el próximo miércoles 26 de octubre, pudo saber NA.
En el predictamen que será tratado este martes se prevé que en caso de que se inicie un trámite para la remoción del cargo del procurador, la solicitud debe partir de la Cámara de Diputados, y requerirá de la mayoría simple en ese cuerpo para luego ser aprobado por mayoría especial de dos tercios en el Senado.
Hasta ahora, la remoción del procurador exigía mayoría especial en ambas cámaras, con lo cual la reforma facilitará, al menos, la iniciación del procedimiento del jury.
Las causales de remoción por mal desempeño detallados en el texto del predictamen incluyen, entre otros, la participación en “actividades partidarias”, con lo cual el oficialismo se valdría de un fundamento para avanzar el el desplazamiento de Gils Carbó por su pertenencia a la agrupación Justicia Legítima, cercana al kirchnerismo.
El proyecto que reforma la ley 27.148 del Ministerio Público apunta a recortar las atribuciones al Procurador General de la Nación, no sólo acabando con el régimen vitalicio del cargo del procurador, sino además quitándole la facultad de la que dispone en la actualidad de intervenir en los procesos de selección y remoción de fiscales, además de armar los concursos.
Tal como quedó redactado el predictamen, la comisión bicameral de Seguimiento y Control del Ministerio Público Fiscal presidida por Graciela Camaño (Frente Renovador) cobrará un poder relevante, absorbiendo algunas de las atribuciones que perderá la Procuración General.
Por ejemplo, todas las designaciones de fiscales generales de distritos, de titulares de procuradorías especiales, de unidades fiscales especiales y de direcciones generales, que hasta ahora sólo requerían de la decisión de Gils Carbó, a partir de la entrada en vigencia de la reforma deberán ser remitidas a la comisión bicameral de Camaño para su revisión y aprobación.
Además, la llamada “comisión Camaño” podrá revisar todas los traslados de magistrados fuera de la jurisdicción autorizada originalmente por el Senado.
De hecho, la normativa establece que los magistrados que hayan sido trasladados deberán retornar a su cargo original en un plazo no mayor a 48 horas, desconociendo de esa manera todo lo actuado por Gils Carbó en esa materia.
La bicameral también tendrá en sus manos la aprobación final de los fiscales generales de distrito designados, que tendrán un mandato de dos años.
“No se parece en nada al proyecto que trajo en abril (el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán) Garavano”, subrayaron fuentes parlamentarias del oficialismo, que por ejemplo puntualizaron en quedó afuera del dictamen la creación de subprocuraciones.