La Defensoría del Público llevó adelante un nuevo relevamiento federal sobre los medios de comunicación audiovisual: esta vez fue para la región Patagonia. Expusieron los públicos de provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
COMODORO RIVADAVIA.- La situación en torno al desalojo en Villa Mascardi de integrantes de la comunidad mapuche fue uno de los temas más planteado por quienes participaron de la Audiencia Pública organizada por la Defensoría del Público en Comodoro Rivadavia, para la región Patagonia. Con un pedido para que se establezcan caminos para erradicar el mensaje de odio y con contenido racial, la jornada avanzó de manera presencial y virtual desde el Auditorio del Centro Cultural local.
Las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur fueron las convocadas: 58 personas se inscribieron para tomar la palabra y expusieron en nombre de 44 organizaciones, comunidades, universidades, organismos. Una variedad de representaciones y temáticas significativas profundizó el diagnóstico sobre el funcionamiento de los medios audiovisuales que la Defensoría construye con los aportes de quienes participan de las Audiencias Públicas.
“La audiencia es un canal de transmisión de aquello que se reclama. Para la Defensoría, lo que se manifiesta aquí es prácticamente un mandato. Les propongo hablar de los nuevos medios digitales, el derecho a la comunicación y la concentración de medios”, comentó en el inicio la defensora del Público Miriam Lewin.
Desde la Cátedra Libre Pueblos Originarios, Afrodescendientes y Migrantes UNPSJB se hizo referencia al discurso de odio racista que amplía brechas y criminaliza al pueblo mapuche. “La criminalización del mapuche como enemigo interno hoy aparece en las primeras planas de los medios de mayor difusión del país. Y no hay control del lenguaje del odio racial”. La Defensora comentó el trabajo que realiza el organismo con representantes de los pueblos indígenas, en particular las recomendaciones elaboradas para su tratamiento respetuoso en los medios.
Además, de la Cooperativa Penken, Caleta Olivia, Santa Cruz, relataron la importancia que tienen para la comunidad las experiencias comunicacionales cooperativistas. Y hubo un reclamo de pauta para garantizar la subsistencia que está amenazada en el contexto de crisis.
Por otra parte, la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina expuso sobre su trabajo en la Ley Integral Trans para el ejercicio pleno de derechos, que presentaron al Senado de la Nación y que contempla, entre otras cosas, medidas antidiscriminatorias y campañas de sensibilización de la sociedad respecto de las personas trans y travestis, para trabajar contra los estereotipos. En ese marco, la Defensora habló del pico de reclamos cuando hubo maniobras de desinformación sobre las personas travestis y trans: “Lo cual implica un profundo cambio cultural y toma de conciencia de la protección del colectivo vulnerado”.
Los condicionamientos que la pauta oficial genera en la libertad de expresión fue uno de los ejes de la audiencia, también. Y se resaltaron los estigmas que atraviesan las problemáticas de la salud mental en los medios de comunicación: en particular, los suicidios.
Y se enfatizó la importancia de la existencia de los medios públicos, entre otras cosas, porque “nuestras emisoras brindan un servicio fundamental para los pobladores rurales”, y “se ubican en zonas limítrofes con criterio estratégico, son un punto de encuentro”.
“La radio pública cumple un vínculo con la soberanía y con el territorio, dos cuestiones de las cuales sólo el Estado puede ser garante. Un medio privado no será garante de la comunicación con el poblador rural porque no es redituable”.