El cambalache fueguino. Los mismos legisladores que no dan, no les importa y no les interesa, dar explicaciones de sus actos, le exigen a otro funcionario que dé explicaciones, cuando ellos no lo hacen.
El legislador Pablo Villegas hizo declaraciones recogidas por la edición digital del Diario Provincia 23 del martes 29 de este mes, en referencia a que funcionarios del Gobierno provincial, denunciaron la existencia de “mafias” operando en la Provincia. Allí manifiesta que “ …lo que más ruido nos hizo fueron las declaraciones públicas efectuadas por las máximas autoridades en materia de seguridad y por la máxima autoridad política después del gobernador y vice, como es el jefe de gabinete… esas declaraciones son de una gravedad inusitada… es de una gravedad institucional que no podemos pasar por alto… son aseveraciones que deben ser acreditadas… espero que aporten elementos suficientes y pruebas de sus dichos… deberán dar explicaciones a la sociedad … y de existir, garantizo que van a tener todo el respaldo político, a título personal”.
Descuento que las autoridades tal como lo exige el legislador y algunos de sus pares, darán las explicaciones del caso por sus dichos, pues evidentemente son graves, pero ahora bien, ¿con qué autoridad moral le exigen a otro que explique, cuando no me pueden explicar, y no le pueden explicar a la sociedad cuáles fueron las razones para desestimar la denuncia hecha al fiscal de estado y acompañada de las pruebas pertinentes; por haber mentido; por haber desempeñado mal el cargo; y por no haber hecho el control de legalidad y oponerse en consecuencia, a los numerosos actos administrativos ilegales efectuados desde el Gobierno provincial?
Es flagrante la contradicción de Pablo Villegas, ya que si decidieron citar a dar explicaciones al jefe de gabinete, es absolutamente inexplicable e incomprensible, que no hicieran exactamente lo mismo, ante el pedido de jury al Fiscal de Estado. Es tan diáfana la contradicción que, a confesión de parte relevo de prueba, y es claro que el legislador utiliza una vara para medir a uno, y otra vara para medir a otro, cuando a todos los funcionarios se los debe medir con la misma vara. Como no soy adivino, ni lo quiero ser, de los dichos del legislador, que los lectores saquen sus propias conclusiones sobre si estaríamos en presencia del típico doble discurso al que nos tienen acostumbrados muchos políticos, o lo que sería peor, que esas declaraciones serían un intento de justificar el rechazo al pedido de juicio político al Fiscal de Estado, atento también este es un funcionario gubernamental y está obligado a dar explicaciones de su conducta y de sus actos ante los legisladores, cuando es denunciado.
El funcionario referenciado por este legislador, deberá dar las explicaciones del caso, pero resulta que no hicieron lo mismo, cuando se les hizo el pedido de remoción del Fiscal de Estado, limitándose a rechazar el jury, sin pedir explicaciones de ningún tipo y sin llevarle el apunte a la gran cantidad de prueba ofrecida, cuando lo que correspondía era hacer lo que usted ahora está haciendo, es decir, citarlo al Fiscal de Estado para que así éste se pudiera defender, y pudiera aportar las pruebas en contrario, de lo que se lo acusaba.
Pero las declaraciones se tornan aún más preocupantes y adquieren gravedad institucional pues, como lleva años como abogado del Estado, y como legislador que es, no puede quedarse callado como lo hizo, respecto del contenido inconstitucional de la Ley N°597, y al de la ley que amplía el ejido urbano de Tolhuin, ni tampoco sobre lo actuado por el Fiscal de Estado.
Es decir que les hace ruido lo que dice el jefe de gabinete, pero no les hace ruido que se dicten leyes ilegales, ni tampoco les hace ruido que el representante legal de la provincia realice presentaciones judiciales evidenciando un grave desconocimiento del derecho y, como si esto fuera poco, que avale también actos administrativos ilegales de la administración pública provincial. Es evidente que algunos legisladores usan una metodología diferente y, obviamente muy conveniente y direccionada tendenciosa y parcial, para medir los dichos y los actos de los funcionarios del Estado. Es simple advertir, que no existe una visión imparcial para juzgar a todos por igual.
Resulta muy curiosa y llamativa por cierto, la interpretación que hace y cito sus propias palabras, “de los hechos de gravedad sucedidos en las narices de los vecinos”, pues resulta que le parecen muy graves algunos hechos y se pronuncia en consecuencia, pero ante otros que también son graves, y merecen el pedido de explicaciones y la investigación pertinente, no solo no dice nada, sino que impide el pedido de juicio político, protegiendo a quién incumplió sus obligaciones.
Se le hicieron dos denuncias al Fiscal de Estado con mi patrocinio letrado, siendo la primera desestimación de la denuncia, nula de nulidad absoluta, porque nunca me notificaron los fundamentos de la desestimación, y cuando se les presentó el pedido de nulidad porque era obligatorio fundar el rechazo, tampoco respondieron nunca, es decir que hacen los que se les da la gana. La segunda denuncia fue rechazada también ignorando las razones del porqué, ya que me enteré que así era, leyendo la página Web de Provincia 23, puesto que ni siquiera notificaron, y por supuesto tampoco la fundamentaron, lo que se convierte además de lo dicho, en una falta absoluta de respeto, porque siempre que peticioné a las autoridades, lo hice sin ofender, sin descalificar, con respeto, y ofreciendo las pruebas de la razón de mis dichos.
El Fiscal de Estado de la provincia, viene perjudicando sistemáticamente con su accionar desde el año 2001, a la empresa Transporte Roanmat S.R.L. , que el estudio jurídico defiende de los atropellos con orgullo y dignidad, pero resulta que siete legisladores ignoran lo que dice el art. 114 de la Constitución Provincial que encuadra jurídicamente la inconducta del funcionario público denunciado, y lo liberan por segunda vez, resultando que no predican con el ejemplo y no son coherentes con lo que pregonan ahora, ya que citan a un funcionario para que aporte pruebas de sus dichos y que las aseveraciones deben ser acreditadas, pero la Sala Acusadora de la Legislatura, que él integra, no hizo lo mismo con otro empleado gubernamental como lo es el Fiscal de Estado , cuando justamente se aportan las pruebas que acreditan el mal desempeño del mismo, y además, se quedan en silencio ante el dictado de leyes ilegales.
Los legisladores son también funcionarios del Estado y están obligados a dar explicaciones a la sociedad de sus dichos y de sus actos, pero no lo hacen o se llaman a silencio cuando no les conviene dar explicaciones. Los legisladores deben pedir explicaciones a TODOS los funcionarios, sin distingos ni preferencias, garantizando la imparcialidad, pero está clarísimo que en la práctica esto no es así y por ende, esta solicitada es la única herramienta que tengo para que sepa y comprenda el pueblo de la provincia, que solamente a algunos se les piden explicaciones, pero que hay otro que parece intocable para siete legisladores.
Como también lo dice el legislador Vallejos, se pasaron por alto en las narices de los vecinos, lo que hizo el Fiscal de Estado, y lo que hicieron los que dictaron dos leyes ilegítimas, y es por eso que tal como dice el tango cambalache:” Que falta de respeto, que atropello a la razón…”.Cualquier semejanza con la realidad, no es pura casualidad.
LUIS DANIEL MERLO- ABOGADO- MAT. PCIAL. N° 17 S.T.J.