BUENOS AIRES (NA).- Pese a la merma en la cantidad de sesiones, el primer semestre del 2017 mostró una cosecha de leyes sancionadas interesante si se la compara con igual período del 2016: en total se aprobaron 27 normativas, 5 más que el año pasado.
Así se desprende de un informe reciente de la Fundación Directorio Legislativo, el cual da cuenta de un cambio de tendencia respecto de la historia parlamentaria reciente.
«Con cada balance legislativo repetimos que en el Congreso rige una tradición: en los años electorales (impares), hay menos sesiones y menos sanciones. Sin embargo el primer semestre de 2017 se tradujo en un rompimiento parcial de ese axioma», indicó el informe.
El documento difundido por la ONG explica que «si bien hubo menor cantidad de sesiones en este primer semestre de 2017 que en el mismo período del año anterior (15 en 2017, 19 en 2016), lo cierto es que hubo una mayor cantidad de leyes sancionadas (22 en 2016, 27 en 2017)».
Claramente, habrá una desaceleración notoria de la actividad legislativa en el segundo semestre, e incluso se insinúa una parate casi total hasta noviembre, a raíz del tsunami electoral, que probablemente permitirá que el 2016 recupere terreno frente al 2017.
Aún frente a la perspectiva de un cierre de año de «vacas flacas» en términos de cantidad de leyes, como ocurre en todos los años electorales, no deja de llamar la atención la buena performance del primer semestre, especialmente por el hecho de que el oficialismo no cuenta con mayorías automáticas para aprobar leyes sin acuerdos con la oposición.
En este contexto, la estrategia del oficialismo para el Congreso fue movilizar proyectos de ley menos conflictivos y con mayores probabilidades de consenso, dejando pendientes para el año que viene reformas que el Gobierno considera más gravitantes en términos del modelo económico.
«Los proyectos que terminaron siendo sancionados este año, no suscitaron el nivel de conflicto que habían tenido los articulados del año anterior», evaluó Directorio Legislativo, que puso como ejemplo el tratamiento en 2016 de leyes que reflejaron en la votación un nivel de polarización mucho mayor como las iniciativa de pago a los holdouts y el blanqueo de capitales.
En cambio, este año se trataron normativas que no suscitaron prácticamente rechazos como la ley de electrodependientes, el aumento de penas por abusos sexuales, el acompañamiento educativo a jóvenes sin cuidados parentales y la asistencia gratuita a víctimas de delitos.
«El hecho que no se hayan puesto en agenda proyectos conflictivos, responde a una decisión política del Gobierno de no ofrecer el Congreso a la oposición como una caja de resonancia para hacer campaña electoral», opinó la fundación en el informe.
Es de esperar que el año que viene el oficialismo vuelva a la carga con algunos proyectos mucho más controvertidos en materia fiscal y previsional, que vuelva a convertir al Congreso en un campo de batalla.
Por otra parte, el informe muestra que la tasa de participación del Poder Ejecutivo sobre los proyectos de ley aprobados se mantiene en un orden del 33 por ciento, apenas un punto más que en el primer semestre del 2016.
En el 2015, último año de mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el porcentaje de proyectos sancionados que habían sido remitidos al Congreso por el Poder Ejecutivo ascendía al 40 por ciento.
