La audiencia para analizar el proyecto denominado «Aprovechamiento Hidroeléctrico del Río Santa Cruz» continuará este viernes a partir de las 8:00 y terminará alrededor del mediodía, pero los distintos actores involucrados coinciden en señalar que se trata solo de un paso formal y que la construcción de las represas avanzará cuando termine esta instancia.
BUENOS AIRES (Especial de NA por Pablo Sieira).- El Congreso realizó ayer la audiencia pública ordenada por la Corte Suprema de Justicia como paso obligatorio previo a la construcción de las represas Jorge Cepernic y Néstor Kirchner en Santa Cruz, y el Gobierno estima que en septiembre comenzarán las obras.
Celebrada en el Salón Azul del Congreso, la audiencia fue encabezada por el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y la vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, Patricia Giménez, y contó con la participación de funcionarios nacionales, provinciales, legisladores y numerosas agrupaciones civiles ambientalistas, entre un centenar de expositores.
Los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Ambiente, Sergio Bergman, defendieron la factibilidad de la obra, el estudio de impacto ambiental elaborado por la empresa estatal Emprendimientos Energéticos Binacionales SA (EBISA), y el avance hacia el uso de «energías sustentables», al igual que lo hizo el vicegobernador de Santa Cruz, Pablo González.
En tanto, el presidente de la Comisión de Ambiente del Senado, Fernando «Pino» Solanas, fue una de las voces más críticas al cuestionar el proyecto por razones «económicas e institucionales», mientras que diversas agrupaciones civiles ambientalistas criticaron el impacto que las obras podrían tener en el ecosistema del río Santa Cruz y zonas aledañas.
No obstante, tanto el Gobierno nacional como el provincial confían en que la sola realización de la audiencia pública bastará para que la Corte Suprema levante la medida cautelar que suspendió la obra el año pasado, con el argumento de que debía hacerse una audiencia pública en el ámbito del Congreso.
Fuentes del Poder Ejecutivo consultadas por NA deslizaron que la construcción de las represas, que generarán 1.310 megavatios, comenzaría en septiembre próximo, luego de que los ministerios de Energía y de Ambiente presenten a la Justicia el informe que se elaborará tras la audiencia pública y soliciten que se levante la cautelar.
El informe sobre la audiencia tendrá que ser elaborado por las comisiones de Recursos Naturales y de Energía de la Cámara de Diputados, y las comisiones de Ambiente y de Minería y Energía del Senado.
Durante su exposición, Aranguren indicó que la obra que había impulsado el kirchnerismo durante su gestión era «muy cara y no estaba completa, con un mecanismo de actualización de los costos de la obra contrario a la regulación vigente, y un estudio de impacto ambiental ineficiente».
Justificó así la modificación del proyecto original de modo tal que ambas represas tendrán menos turbinas, menos cota y menos embalse, medidas que implicaron un ahorro de 1.300 millones de dólares.
A su turno, Bergman señaló que «avanzar con las obras no puede ser a expensas de generar un daño en el ambiente» e indicó que «se van a crear áreas protegidas y corredores de conservación», particularmente para la protección de dos especies en peligro de extinción: el maca tobiano y el cóndor.
En tanto, González destacó que la obra generará «6 mil puestos de trabajo» y que plantea «el desafío de poder generar riqueza compatibilizándola con el desarrollo de energía sustentable».
Otro de los expositores fue el presidente de la Comisión de Energía y Combustible de la Cámara de Diputados, Julio de Vido, quien destacó el «impulso del presidente (Néstor) Kirchner a los efectos de promover este proyecto y los acuerdos firmados por Cristina Fernández de Kirchner con China».
Si bien criticó que con el proyecto original las represas quedarían en la órbita del Gobierno de Santa Cruz y ahora se establece que queden en la Nación, afirmó que de todas maneras respalda la obra porque será «un motor» para el «desarrollo y la diversificación económica» de la provincia.
Además, se realizó una videoconferencia con la ciudad santacruceña de El Calafate, desde donde un grupo de ciudadanos hizo llegar su opinión mayoritariamente negativa respecto del impacto ambiental que tendrá la obra.
Fueron los más críticos, junto con el senador Solanas, que cuestionó que EBISA, responsable del estudio de impacto ambiental, sea dirigida por el subsecretario de Energía Hidroeléctrica de la Nación, Jorge Marcolini, y agrupaciones ambientalistas, que también alertaron sobre el impacto en el medio ambiente.
