Tres procesados por defraudar al Estado

Lo resolvió el juez Javier De Gamas Soler en la causa iniciada por una denuncia de la Ministra de Desarrollo Social. Una mujer agente de planta permanente y dos hombres fueron procesados por el delito de defraudación pública en el marco de los programas Red Sol. Montaron una maniobra para percibir dichos subsidios. La justicia comprobó el pago de 150 subsidios por un monto de 300 mil pesos.
USHUAIA.- El Juez Javier De Gamas Soler dictó el procesamiento de Ayelén Magalí Golovca, Hector Segovia y Eduardo Daniel Nuñez, en en el marco de la causa iniciada el año pasado por el Gobierno luego de obtener informes del BTF que daban cuenta de maniobras irregulares para la percepcion de los subsidios del programa Red Sol.

El Magistrado dictó dichos procesamientos en el marco de la causa N° 33738/2016 “Gargiulo, Paula s/denuncia”, en donde se detectaron unos 150 pagos fraudulentos por una suma total de 300 mil pesos.

La causa se inició en septiembre del año pasado tras una denuncia del Gobierno Provincial por irregularidades en el pago de los planes sociales Red Sol, a través de una maniobra mediante la cual Golovca, que se desempeñaba como personal de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Social, habría confeccionado autorizaciones de pago a nombre de su tío Héctor Segovia, en perjuicio de los beneficiarios del programa social, es decir, de familias de escasos recursos.

A Golovca se la procesa por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública y por insolvencia fraudulenta en concurso real, además de mantenerse el embargo de 600 mil pesos.

A Segovia, por considerarlo prima facie como partícipe necesario responsable del delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública y también se le mantiene el embargo por el mismo monto que a Golovca.

Y por último a Eduardo Nuñez, pareja de Golovca, por considerarlo prima facie partícipe necesario del delito de insolvencia fraudulenta, con un embargo de $187.500.

El Juez también ordenó el embargo de una camioneta doble cabina marca Nissan que está a nombre de Nuñez, para que la Ministra Gargiulo disponga de su uso dentro del ámbito de Desarrollo Social.

Por estos hechos, la gobernadora Rosana Bertone ordenó realizar el sumario correspondiente y crear una Comisión Investigadora, que en marzo pasado presentó su informe al ministro Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz.

La ministra de Desarrollo Social Paula Gargiulo manifestó su “decisión firme de perseguir y denunciar todo hecho de corrupción que detectemos” mientras que el Jefe de Gabinete Leonardo Gorbacz reiteró que “el ordenamiento administrativo que encaramos demuestra que el desorden que recibimos de la gestión anterior dio lugar a hechos graves de corrupción” y que “la orden de la gobernadora Rosana Bertone es ir a fondo contra la corrupción”.
Fallas en el sistema

La investigación develó la existencia de fallas en el sistema debido a que estas personas podían cobrar los subsidios pese a no ser el titular el beneficio.

Pero fue el BTF el que detectó, que a través del área de Supervisión de Cajas de la sucursal Ushuaia, que una misma persona identificada como Néstor Segovia, había cobrado, en ese momento, ocho planes Red Sol correspondientes a la liquidación de julio de 2016.

Si bien el cobrador contaba con autorizaciones legales, el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Paula Gargiulo, constató que varios de los beneficiarios no percibían el plan desde hacía varios meses.

El Gobierno también advirtió que todas las autorizaciones presentadas por Segovia habían sido fiscalizadas o directamente suscriptas por la Directora General de Planificación Estratégica y Operativa del Ministerio, Ayelén Golovca, que además es la sobrina de Segovia.

La hipótesis judicial, luego de la recolección de pruebas realizadas en allanamientos, la documentación requerida al Gobierno y los testimonios brindados en la causa, es que Golovca manejaba la información acerca de los beneficiarios de planes que, por distintos motivos, dejaban de percibir el subsidio, y omitía darlos de baja del listado que después daba lugar a las liquidaciones mensuales del beneficio.

El 13 de septiembre del año pasado funcionarios del Gobierno anunciaban la presentación de la denuncia en Casa de Gobierno.