Diputados de FpV piden el juicio político

BUENOS AIRES (NA).- El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ presentó un pedido de juicio político «por mal desempeño en ejercicio de sus funciones» contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia que votaron a favor del fallo que avaló el beneficio del 2×1 para delitos de lesa humanidad.

Este pedido es encabezado por el diputado camporista e hijo de desaparecidos Juan Cabandié y tiene como blanco a los magistrados Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Fernando Rosenkrantz, quienes en un fallo dividido habilitaron el cómputo del 2×1 a favor del represor Luis Muiña.

En simultáneo, el jefe de la bancada kirchnerista, Héctor Recalde, presentó un proyecto de ley que propone especificar la interpretación de la derogada ley 24.390 en la que el máximo tribunal se amparó para concederle el beneficio a Muiña.

El objetivo de Recalde es que el texto de la ley no deje lugar a dudas en el sentido de que su aplicación excluya claramente los casos de delitos de lesa humanidad.

En la misma sintonía que sus excolegas del kirchnerismo, el bloque del Peronismo para la Victoria (Movimiento Evita), en conjunto con Abuelas de Plaza de Mayo, radicó un proyecto de ley para impedir la aplicación del beneficio del 2×1, en tanto que presentaron otro pedido de juicio político contra los tres magistrados de la Corte Suprema que votaron a favor del polémico fallo.

La iniciativa que tiene como autor principal a Remo Carlotto (hijo de Estela de Carlotto y referente de Derechos Humanos del Movimiento Evita) plantea el artículo 7 de la Ley 24.390, conocido como «2×1», no sea aplicable a conductas delictivas que involucren «graves violaciones de derechos humanos o encuadren en la categoría de los delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho internacional».

Para Carlotto, el fallo «avergüenza a la Justicia porque cambia la dirección que había tenido la Corte en los últimos años de pronunciarse que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles e inadmisibles, y que no pueden existir conmutación de penas bajo ningún punto de vista».